El Presidente anunció nuevas medidas contra la explotación de hidrocarburos en las islas y anticipó una base naval en Tierra del Fuego. El cambio de postura se produjo luego de las declaraciones del mandatario estadounidense sobre el respaldo a Reino Unido.
Javier Milei modificó el tono de su política respecto de la cuestión Malvinas y anunció una serie de medidas destinadas a reforzar el reclamo argentino de soberanía sobre las islas. El giro se produjo después de que Donald Trump pusiera en duda el respaldo de Estados Unidos a la posición británica y volviera a utilizar la disputa como parte de sus presiones sobre Londres.
En una cadena nacional, el Presidente convocó a la dirigencia política, económica y social a construir un “frente unido” en defensa de Malvinas y aseguró que la cuestión constituye una causa que debe estar por encima de las diferencias partidarias.
Entre las medidas anunciadas, Milei adelantó un endurecimiento de las sanciones contra las empresas que participen de proyectos de explotación de recursos naturales en las islas, la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.
El Gobierno busca frenar la explotación petrolera
Uno de los principales anuncios estuvo relacionado con los proyectos hidrocarburíferos que avanzan en la cuenca Malvinas Norte, particularmente el denominado Sea Lion.
El proyecto es operado por la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, en sociedad con la británica Rockhopper Exploration, propietaria del 35% restante. Las obras de infraestructura ya comenzaron en las islas y la perforación de los primeros pozos está prevista para principios de 2027.
Milei aseguró que el Gobierno utilizará herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para impedir proyectos que exploten recursos naturales en las islas sin autorización argentina.
En ese marco, anunció que firmará un decreto para acelerar la aplicación de la Ley 26.659, que establece sanciones para compañías que realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en espacios marítimos argentinos sin autorización.
La normativa contempla, entre otras medidas, la inhabilitación para operar en el país durante períodos de entre cinco y 20 años y responsabilidades para personas físicas y jurídicas.
Una herramienta que ya estaba vigente
El anuncio presidencial generó cuestionamientos porque buena parte de las herramientas mencionadas ya se encuentran contempladas en la legislación argentina.
La Ley 26.659 fue sancionada en 2011 y modificada posteriormente. Durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández se aplicaron sus disposiciones contra empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la zona de las islas.
Rockhopper, una de las compañías que participa actualmente de Sea Lion, fue declarada clandestina en 2012 e inhabilitada para operar en Argentina durante 20 años.
En 2020, cuando Navitas ingresó al proyecto y aportó capital para reactivar la iniciativa petrolera, el Estado argentino le envió una nota para advertirle que las operaciones se desarrollaban sobre un territorio cuya soberanía reclama la Argentina y exigirle que se abstuviera de participar en el emprendimiento.
Un año después, las secretarías de Energía y de Malvinas avanzaron con un proceso de sanciones contra Navitas, Chrysaor Holdings Limited y Harbour Energy por sus actividades en la cuenca Malvinas Norte.
El giro después de las declaraciones de Trump
La nueva postura de Milei se produjo luego de que Trump afirmara que Estados Unidos podría “revisar” su respaldo a la posición británica sobre las Malvinas.
Las declaraciones del mandatario estadounidense estuvieron vinculadas, principalmente, con sus diferencias con el Reino Unido por la participación británica en la OTAN y por su posición frente a la ofensiva estadounidense contra Irán.
En ese contexto, Trump cuestionó el aporte británico y vinculó sus críticas con los recursos energéticos que el Reino Unido obtiene a través del estrecho de Ormuz.
El Gobierno argentino aprovechó posteriormente esas declaraciones para instalar nuevamente la cuestión Malvinas en el centro de su agenda política.
Una política exterior que había generado críticas
El viraje se produce después de casi tres años de una política que recibió cuestionamientos por el tratamiento de la cuestión Malvinas.
Durante su gestión, Milei manifestó su admiración por Margaret Thatcher, primera ministra británica durante la guerra de 1982, y se refirió al principio de autodeterminación de los habitantes de las islas.
Además, el Gobierno libertario respaldó el entendimiento Foradori-Duncan, firmado durante la administración de Mauricio Macri y cuestionado posteriormente por el gobierno de Alberto Fernández.
Ese acuerdo contemplaba avanzar en la remoción de obstáculos para el crecimiento económico de las islas, particularmente en materia de pesca, navegación e hidrocarburos, además de promover una mayor conectividad aérea con países de América Latina.
Sus críticos sostienen que ese esquema terminó favoreciendo el desarrollo económico de las islas mientras la disputa por la soberanía permanecía sin avances.
Base naval y Consejo de Seguridad Nacional
Además de las medidas vinculadas con los hidrocarburos, Milei anunció la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y un régimen específico para proteger infraestructura crítica en la zona.
La iniciativa cobra relevancia porque el predio estratégico donde se proyecta la instalación había sido incluido en planes del Estado para desprenderse de activos públicos.
El Presidente también anticipó la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá como objetivo coordinar una estrategia común entre distintas áreas del Estado.
De esta manera, el Gobierno busca presentar un paquete de medidas que combine instrumentos jurídicos, diplomáticos y de seguridad para reforzar la posición argentina en el Atlántico Sur.
El reclamo por Sea Lion llegó a la Justicia
Mientras el Gobierno anunciaba sus nuevas medidas, organizaciones ambientalistas y excombatientes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata presentaron una denuncia ante la Justicia Federal de Tierra del Fuego para solicitar la suspensión de las obras y del financiamiento del proyecto Sea Lion.
El reclamo se fundamenta en que la explotación hidrocarburífera se desarrolla sin autorización del Estado argentino.
Especialistas y exfuncionarios vinculados con la política exterior cuestionaron que el Gobierno presente como nuevas herramientas que ya estaban disponibles. También señalaron que la política de los últimos años generó dificultades para sostener el respaldo internacional al reclamo argentino.
El exsecretario de Malvinas Daniel Filmus sostuvo que la Argentina debió afrontar dificultades para recuperar apoyos diplomáticos después de la política exterior desarrollada durante el gobierno de Mauricio Macri.
Fuente: Página 12.