Las protestas contra las políticas de Emmanuel Macron suman a estudiantes, chalecos amarillos y sectores sindicales. El Ejecutivo de Sébastien Lecornu endureció las medidas de seguridad y apuntó contra La Francia Insumisa, mientras crecen las denuncias por represión policial y la falta de respuestas a los reclamos sociales.
Toques de queda en varias ciudades francesas
Francia atraviesa una nueva escalada de tensión social tras un fin de semana de manifestaciones masivas en distintos puntos del país. Frente a las movilizaciones protagonizadas por estudiantes secundarios y universitarios, junto con sectores de los chalecos amarillos, el Gobierno de Sébastien Lecornu anunció la implementación de toques de queda parciales y localizados para las noches siguientes.
En París, la medida rige entre las 23 y las 6 en los barrios de Les Halles y la plaza de la República. Según la prefectura de policía de la capital, el objetivo es proteger a las personas y los bienes frente a episodios de violencia y saqueos registrados durante los últimos días. A diferencia de las restricciones aplicadas en otras localidades, la disposición alcanza a toda la población y no únicamente a los menores de edad.
También se establecieron restricciones nocturnas en el centro de Lyon y en otras localidades, entre ellas Niza y Lille, donde las medidas se concentran en determinados grupos o zonas.
La decisión generó cuestionamientos de Jean-Luc Mélenchon, dirigente de La Francia Insumisa (LFI) y candidato presidencial, quien acusó al primer ministro de excederse en sus atribuciones. A través de la red social X, invocó el artículo 16 de la Constitución francesa, que contempla facultades excepcionales para el jefe de Estado ante determinadas circunstancias.
El Gobierno apunta contra La Francia Insumisa
En medio de las protestas, el Ejecutivo endureció su discurso y responsabilizó a la izquierda por los episodios de saqueos, destrozos y enfrentamientos registrados en distintas ciudades. Al finalizar la jornada de movilizaciones del sábado, Lecornu sostuvo que “es hora de elegir el campo”. El lunes, al anunciar las restricciones nocturnas, afirmó que el movimiento de “ultraizquierda” buscaría generar un escenario de desorden hasta las próximas elecciones presidenciales.
La utilización de ese término se extendió entre funcionarios, dirigentes de derecha y extrema derecha, y distintos medios de comunicación. En ese marco, las manifestaciones quedaron asociadas en parte del discurso público con expresiones como “los violentos”, “las hordas” y “el caos”, mientras LFI y Mélenchon aparecen entre los principales blancos de las críticas oficiales.
Sin embargo, las acusaciones también encontraron cuestionamientos. En una entrevista con la cadena TF1, la periodista Alba Ventura consultó a la fiscal general de París, Laure Beccuau, si los detenidos por los saqueos eran personas politizadas de extrema izquierda. La funcionaria respondió que no era así.
Además, una investigación publicada por el medio digital Mediapart expuso dudas dentro de los propios servicios de inteligencia sobre la estrategia del Gobierno. Según el artículo, un comisario señaló que existía presión para atribuir a LFI la organización de las protestas, pero advirtió que no podía confirmar esa hipótesis.
Denuncias por represión contra estudiantes
Los reclamos estudiantiles constituyen otro de los focos de la crisis. Desde hace aproximadamente un mes, alumnos de escuelas secundarias exigen más docentes y mejores condiciones de mantenimiento de los edificios educativos.
La respuesta policial a esas movilizaciones generó controversia después de que circularan imágenes de operativos y agresiones que provocaron rechazo en distintos sectores de la sociedad. Según la información difundida, dos adolescentes perdieron un ojo, otro sufrió la pérdida de piezas dentales tras recibir el impacto de una granada lacrimógena en el rostro y otros dos perdieron una mano.
Las denuncias profundizaron las críticas a la actuación de las fuerzas de seguridad y al manejo oficial de las demandas juveniles. En lugar de anunciar medidas para atender los reclamos educativos, el Gobierno insistió en la necesidad de restablecer el orden y aplicar sanciones contra quienes sean acusados de cometer delitos durante las protestas.
Nuevas movilizaciones en el horizonte
La conflictividad también suma a otros sectores sociales. Los chalecos amarillos convocaron a una nueva jornada de protesta para el sábado 24 de octubre, mientras que la intersindical llamó a marchar el jueves 5 de noviembre.
Las convocatorias se inscriben en un escenario de malestar acumulado durante los años de gobierno de Macron, marcado por cuestionamientos a las políticas de ajuste y a la respuesta oficial frente a las demandas sociales.
En este contexto, el senador comunista Fabien Gay relató que el sábado llegó a la plaza de la República de París para participar de una manifestación pacífica junto a otras personas y que fueron golpeados y gaseados por la policía. Según su testimonio, los agentes permitían que se produjeran saqueos a pocos metros de donde reprimían a los manifestantes.
El relato contrasta con el énfasis del Gobierno en los episodios de violencia y vuelve a poner en discusión el accionar de las fuerzas de seguridad durante las jornadas de protesta.
Una disputa política con la extrema derecha
La crisis también expone una disputa por el sentido político de las movilizaciones. Mientras el macronismo acusa a LFI y a la denominada “ultraizquierda” de promover el desorden, el partido de Mélenchon rechaza esas imputaciones y cuestiona las restricciones a las libertades civiles.
La líder de Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, también criticó tanto a LFI como la gestión gubernamental de las protestas. Sin embargo, aprovechó su intervención del domingo para vincular sus planteos con la denominada “inmigración anárquica”, pese a que no se establece una relación clara entre la población inmigrante y los episodios registrados durante las movilizaciones.
La apelación a la seguridad y el endurecimiento de las medidas oficiales se convirtieron así en ejes centrales de la respuesta política. Para los sectores críticos del Gobierno, esa estrategia desplaza el debate sobre las causas de la protesta y posterga soluciones a las demandas educativas, laborales y sociales.
Fuente: Página 12.