Los operarios denunciaron una persecución judicial tras ser citados a indagatoria por una causa por usurpación iniciada por la empresa. La protesta se realizará este miércoles y reclamará la reapertura de la planta y la preservación de los puestos de trabajo.
A más de 100 días del cierre de la planta de FATE en San Fernando, el conflicto entre la empresa y sus trabajadores sumó un nuevo capítulo. Veinticuatro operarios despedidos fueron citados a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa penal iniciada por el empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de la compañía, quien los acusa del delito de usurpación.
En respuesta, la conducción del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) convocó para este miércoles 10, a las 16, a una concentración en Plaza de Mayo para reclamar la reapertura de la fábrica, rechazar las citaciones judiciales y denunciar el cierre de plantas y los despidos que afectan a distintos sectores de la industria.
Los trabajadores sostienen que la causa constituye una maniobra de presión y aseguran que el verdadero incumplimiento corresponde a la empresa, a la que acusan de haber ejecutado un «lock out» patronal.
Más de cien días de conflicto
La crisis se inició durante la madrugada del 18 de febrero, cuando 920 trabajadores fueron despedidos. Desde entonces, un grupo de operarios mantiene una permanencia dentro del predio con el objetivo de resguardar las instalaciones y exigir la intervención de las autoridades laborales.
Según denunciaron, algunos empleados se enteraron del cierre mientras se encontraban de vacaciones y otros llegaron a cumplir con sus turnos habituales y encontraron las puertas cerradas y un cartel anunciando el cese de actividades.
Horas después, Madanes Quintanilla presentó una denuncia penal por usurpación y solicitó el desalojo del establecimiento. En una primera instancia, el juez de Garantías Esteban Rossignoli hizo lugar al pedido, pero la medida fue suspendida por la Cámara de Apelaciones de San Isidro tras una presentación de la defensa de los trabajadores. Posteriormente, el tribunal resolvió mantener la ocupación, entendiendo que se trataba de un conflicto de naturaleza laboral y no penal.
Indagatorias y denuncia de persecución
La causa, sin embargo, continuó abierta y el fiscal Marcelo Fuenzalida dispuso las citaciones a indagatoria que comenzarán esta semana y se extenderán hasta mediados de julio.
Entre los imputados se encuentran integrantes de la Comisión Directiva del SUTNA, delegados y trabajadores de base.
«Estamos lanzando una campaña contra las persecuciones judiciales. Cumplimos más de 110 días de permanencia denunciando el lock out de la patronal de Madanes Quintanilla», expresó Sebastián Tesoro, uno de los operarios involucrados.
Los trabajadores aseguran que la planta continúa en condiciones operativas y señalaron que existen más de 50.000 neumáticos almacenados y que las instalaciones permanecen energizadas.
«Hubo recambio de maquinaria previo al cierre. Por eso sostenemos que no se trata de un cierre definitivo sino de un lock out patronal», sostuvo Tesoro.
Reclaman profundizar las medidas de fuerza
Aunque valoraron la convocatoria impulsada por el sindicato para este miércoles, algunos referentes de la protesta consideran que las acciones deberían intensificarse.
«Entendemos que no alcanza. Hay que profundizar las medidas con cortes de ruta, jornadas nacionales de lucha y un plan de acción para lograr la reapertura de la planta», afirmó Tesoro.
Por su parte, el histórico referente de FATE, Víctor Ottoboni, cuestionó el accionar del Ministerio Público y sostuvo que las actuaciones judiciales responden a presiones empresariales.
Según explicó, la compañía estaría avanzando en una reorganización del predio para normalizar las actividades vinculadas a Aluar, otra de las firmas pertenecientes al grupo empresario de Madanes Quintanilla.
«Este apriete busca ponernos a la defensiva y que no interfieramos en los planes que tienen para ese sector», aseguró.
«No van a quebrar nuestra organización»
Desde el colectivo de trabajadores y familiares denunciaron que las citaciones constituyen una estrategia de amedrentamiento y ratificaron que continuarán con las medidas de lucha.
«Mientras los trabajadores y sus familias llevan más de cien días defendiendo sus puestos de trabajo, el aparato judicial vuelve a aparecer del lado de los poderosos», señalaron.
En la misma línea, la diputada nacional del PTS-FIT Unidad, Myriam Bregman, expresó su respaldo al reclamo y cuestionó la situación judicial que atraviesan los operarios.
La legisladora sostuvo que los trabajadores «necesitan una solución política inmediata» y repudió las imputaciones contra quienes buscan preservar sus fuentes laborales.
Pese al avance de la causa judicial, los operarios reafirmaron su decisión de continuar con la permanencia y mantener el reclamo por la reapertura de la planta de FATE y la reincorporación de los 920 despedidos.
Fuente: Página 12.