El proyecto impulsa cambios en las internaciones involuntarias y ya generó posiciones encontradas entre especialistas, funcionarios y organizaciones del sector.
El gobierno de Javier Milei envió al Senado el proyecto para reformar la Ley Nacional de Salud Mental, una iniciativa que propone modificar 26 artículos de la norma vigente y que ya reavivó un fuerte debate entre especialistas, funcionarios y sectores vinculados a la atención en salud mental. Uno de los cambios más relevantes apunta a flexibilizar los criterios para las internaciones involuntarias.
El proyecto propone cambios en 26 artículos de la ley vigente
La iniciativa fue remitida al Congreso con la firma digital del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni, y de los ministros Mario Lugones y Juan Mahiques.
El proyecto modifica 26 artículos de la Ley N° 26.657, además de introducir cambios en el Código Civil y Comercial y en la ley de prevención de torturas y otros tratos inhumanos.
Desde el Ejecutivo explicaron que el objetivo principal es facilitar el proceso de internación en situaciones críticas y permitir intervenciones más rápidas para prevenir suicidios, homicidios y agresiones a terceros.
Cambia el criterio para las internaciones involuntarias
Uno de los puntos centrales de la reforma es la modificación del criterio actual de “riesgo cierto e inminente”, que pasaría a reemplazarse por el concepto de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”, tanto de la persona afectada como de terceros.
Según el Gobierno, esta modificación busca evitar que pacientes en situaciones críticas queden sin tratamiento por trabas normativas.
Además, el proyecto establece una mayor participación de los psiquiatras en la evaluación de los casos y mantiene el carácter excepcional de las internaciones involuntarias, aunque con procedimientos más ágiles.
El debate enfrenta a especialistas con posturas opuestas
La propuesta generó reacciones contrapuestas dentro del ámbito de la salud mental.
Desde la Asociación Argentina de Psiquiatras, su presidente Ricardo Corral respaldó los cambios y consideró que permitirán intervenciones oportunas ante cuadros graves.
Según explicó, exigir un “riesgo cierto e inminente” para actuar puede demorar tratamientos urgentes y agravar situaciones críticas.
En cambio, otros referentes del sector cuestionaron la iniciativa. Luciano Grasso sostuvo que la reforma podría significar un retroceso y planteó que antes de modificar la ley debería garantizarse su cumplimiento efectivo.
También cuestionan la falta de financiamiento
Otro de los cuestionamientos centrales apunta a la falta de previsiones presupuestarias dentro del proyecto.
Especialistas remarcaron que la ley actual nunca contó con el financiamiento necesario para garantizar su implementación plena y advirtieron que la reforma no resuelve ese problema estructural.
En ese sentido, Hugo Cohen señaló que el principal desafío sigue siendo la enorme cantidad de personas que no acceden a tratamientos de salud mental y remarcó la necesidad de fortalecer la red pública de atención.
La discusión también alcanzó a la estructura institucional, ya que el proyecto limita algunas funciones del Órgano de Revisión y redefine su composición.
El Senado comenzará a debatir la reforma
Tras su ingreso formal al Congreso, el proyecto deberá ser girado a comisiones en el Senado para comenzar su tratamiento legislativo.
Se anticipa un debate intenso, similar al que se produjo hace quince años cuando se sancionó la ley vigente, con fuertes diferencias entre quienes reclaman más herramientas para intervenir en crisis y quienes advierten sobre posibles retrocesos en materia de derechos.
Fuente: La Nación.