El Gobierno nacional impulsa cambios en la Ley de Zonas Frías que reducirían subsidios en varias provincias y ya genera rechazo de gobernadores, intendentes y legisladores opositores.

El gobierno de Javier Milei avanza con un proyecto para modificar la Ley de Zonas Frías y encendió una fuerte polémica política con gobernadores aliados y sectores opositores. La iniciativa busca reducir beneficios tarifarios en distintas regiones del país y podría impactar de lleno en las boletas de gas de miles de usuarios.
El proyecto, presentado en la Cámara de Diputados, apunta a reformular el esquema de subsidios vigente y ya genera preocupación en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y San Juan, donde actualmente miles de usuarios acceden a descuentos en el servicio de gas.
El Gobierno quiere limitar los subsidios
La propuesta del Ejecutivo plantea mantener la bonificación del 50% únicamente para las regiones originalmente incluidas en el régimen, como la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.
En cambio, para las zonas incorporadas en la ampliación de 2021, el beneficio dejaría de ser automático. Solo podrían acceder quienes estén registrados en el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y acrediten ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales.
Además, el subsidio ya no se aplicaría sobre el total de la factura, sino únicamente sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema, dejando afuera costos de transporte y distribución. Esto implicaría una reducción efectiva del beneficio y un aumento en las tarifas finales para los usuarios.
Crece el malestar político
La decisión generó malestar entre mandatarios provinciales que hasta ahora acompañaron proyectos clave del oficialismo. Gobernadores como Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Claudio Poggi y Marcelo Orrego deberán definir si respaldan una iniciativa que podría afectar directamente a usuarios de sus provincias.
Desde la oposición también cuestionaron el proyecto. La diputada cordobesa Gabriela Estévez advirtió que en Córdoba las facturas de gas podrían aumentar hasta un 50% para unas 600 mil personas.
En la misma línea, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti sostuvo que en zonas del interior provincial “el frío no perdona” y cuestionó el intento del Gobierno de reducir subsidios en regiones de bajas temperaturas.
También apuntan al perdón de deudas a distribuidoras
El proyecto incluye además un polémico esquema para compensar a distribuidoras eléctricas como Edenor y Edesur por ingresos no percibidos durante los congelamientos tarifarios.
La iniciativa permitiría que esas compañías utilicen créditos regulatorios para cancelar deudas con CAMMESA, algo que desde distintos sectores interpretan como una condonación encubierta.
A eso se suma la intención del Ejecutivo de trasladar automáticamente a las tarifas el costo de adquisición del gas, en medio del aumento internacional de precios impulsado por la crisis energética derivada de la guerra en Medio Oriente.
Intendentes bonaerenses también rechazaron la iniciativa
En la provincia de Buenos Aires también hubo críticas al proyecto. El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, pidió mantener los beneficios para la ciudad y reclamó que no se siga castigando a los usuarios.
Por su parte, el jefe comunal de Pehuajó, Pablo Zurro, acusó al presidente Milei de avanzar contra la provincia de Buenos Aires y cuestionó el impacto que tendría la medida sobre el interior bonaerense.
Fuente: Página 12.