Según el último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), solo en julio se destruyeron 13.808 empleos en el sector privado formal.

El empleo formal no deja de caer y solo en julio se perdieron 13.808 puestos de trabajo registrados en el sector privado, cifra en la que se incluye a las empleadas de casas particulares. Desde la asunción de Javier Milei, a comienzos de diciembre de 2023, se destruyeron 287.753 trabajos formales y si se suma el sector público, el número llega a 370.303.
Con julio ya son 14 meses consecutivos de pérdida de empleos registrados en el sector privado y las estimaciones indican que esa racha se ampliará cuando se conozcan los datos de agosto y septiembre. La única excepción fue un puñado de meses entre finales de 2024 y mediados de 2025, cuando la caída de la inflación y cierta mejora salarial fomentaron el crédito y el consumo.
Pero a partir de las tensiones cambiarias en la previa de las elecciones legislativas del año pasado y la profundización del ajuste por parte del Gobierno, la actividad económica y los salarios volvieron a contraerse. El poder adquisitivo continúa cayendo y los productos nacionales no pueden competir contra todas las facilidades que hay para importar.
Si a la falta de ventas se le suma que los costos, como alquileres y tarifas, no dejan de aumentar, se entiende por qué en la actualidad hay 30 mil empresas menos que antes de que Milei asumiera la presidencia.
A nivel sectorial, no se salva prácticamente ninguno. El único es el agro, que sumó menos de 10 mil empleos. Los demás perdieron, incluso los grandes beneficiados del modelo como minería y petróleo generan unos 10 mil empleos menos que en diciembre de 2023.
la industria expulsó a más de 90 mil trabajadores y la construcción a más de 100 mil, mientras que en el caso de las trabajadoras de casas particulares, la caída llega a 22 mil. Salvo Neuquén y Río Negro, todas las demás provincias tienen un diferencial negativo en cuanto al trabajo registrado.
Aquellos que lograron mantener su empleo han visto cómo su salario ha perdido poder adquisitivo con respecto a la inflación, sobre todo los del sector público nacional. Estos no son efectos indeseados, sino que son parte troncal de la política económica del Gobierno y de su proceso de “reconversión productiva” que implica desmantelar la industria y convertirse en un exportador de materia prima con poco o nulo valor agregado, lo que genera un déficit de empleo.
Fuente: P12