Tras la media sanción en el Senado, Unión por la Patria buscará reorientar el debate sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada y poner en el centro el endeudamiento de los hogares, los desalojos y las demandas de jubilados, universidades y personas con discapacidad.
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción en el Senado y fue girado a la Cámara de Diputados, llegará a una nueva etapa de discusión después de haber sufrido modificaciones durante su paso por la Cámara alta.
La iniciativa perdió algunos de sus capítulos más controvertidos, entre ellos los vinculados con la extranjerización de tierras y la derogación de artículos de la Ley de Manejo del Fuego. Sin embargo, mantiene disposiciones que flexibilizan las condiciones para las expropiaciones y habilitan mecanismos de desalojo acelerado.
Frente a este escenario, el peronismo pretende cambiar el eje de la discusión y vincular el proyecto con una problemática que atraviesa a millones de hogares: el crecimiento del endeudamiento y las dificultades para afrontar alquileres y gastos básicos.
La estrategia de Unión por la Patria apunta a llevar al Congreso a organizaciones sociales, especialistas y representantes de los sectores afectados para incorporar una perspectiva que, según plantean, permita discutir las consecuencias concretas de la iniciativa.
Endeudamiento y desalojos, dos problemas que se cruzan
El aumento de la morosidad de las familias aparece como uno de los principales argumentos para cuestionar la aplicación de desalojos exprés.
Según datos del Banco Central, la morosidad de los hogares alcanzó el 12,8%, el nivel más elevado de las últimas dos décadas. A su vez, un informe de la consultora Analytica estimó en 19,8 millones la cantidad de personas con al menos una deuda en mora, contemplando tarjetas de crédito, billeteras virtuales, fintech y mutuales.
En este contexto, el sector de los hogares inquilinos aparece especialmente expuesto. La socióloga e investigadora Luci Cavallero, integrante de Movida Ciudad, advirtió que muchas familias ya acumulan atrasos en los alquileres, mientras que otras consiguen sostenerlos mediante nuevos préstamos.
Desde esa perspectiva, el debate sobre los desalojos no puede separarse de la situación del crédito y del deterioro de los ingresos.
Cavallero planteó la necesidad de una ley de emergencia crediticia que permita avanzar en mecanismos de desendeudamiento, regulación de las tasas de interés y control de las prácticas abusivas. Entre las alternativas mencionó quitas y condonaciones para familias que contrajeron deudas destinadas a cubrir necesidades básicas.
Más de 25 proyectos sobre el endeudamiento
El Congreso cuenta actualmente con más de 25 proyectos vinculados al endeudamiento de los hogares, aunque hasta ahora la discusión no logró avanzar de manera sustancial.
Unión por la Patria viene intentando instalar el tema desde enero. Las iniciativas llegaron a ser incorporadas al debate en la Cámara de Diputados en dos oportunidades, pero la falta de quórum impidió avanzar con los emplazamientos a las comisiones correspondientes.
Hasta el momento, la discusión quedó concentrada principalmente en la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, presidida por el diputado Hugo Yasky.
Desde Provincias Unidas también manifestaron disposición para retomar la agenda. Los diputados Pablo Juliano y Mariela Coletta consideran que el problema del endeudamiento afecta a un universo de personas similar al que podría quedar expuesto a los desalojos.
En esa línea, Juliano prepara un proyecto para establecer límites a los créditos ofrecidos por billeteras virtuales y evitar tasas consideradas abusivas.
La agenda que prepara el peronismo
Después de conseguir que el oficialismo retirara del proyecto los capítulos vinculados con la extranjerización de tierras y el Manejo del Fuego, el peronismo considera que tiene margen para intentar condicionar el debate en Diputados.
El objetivo será contrastar las prioridades del Gobierno nacional con una agenda centrada en las demandas sociales.
Entre los temas que buscarán impulsar aparecen:
- Endeudamiento de los hogares y regulación del crédito.
- Debate sobre los desalojos y la situación de los inquilinos.
- Prórroga de la Emergencia en Discapacidad.
- Financiamiento de las universidades públicas.
- Situación de los jubilados y del PAMI.
La estrategia también apunta a poner en discusión el impacto de las políticas económicas sobre los ingresos familiares y el acceso a derechos básicos.
Mientras tanto, el Gobierno nacional tiene entre sus prioridades legislativas la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal II, modificaciones vinculadas con las patentes de medicamentos y una reforma electoral.
Un proyecto que vuelve a poner a los inquilinos en el centro
Uno de los puntos más sensibles de la iniciativa es el mecanismo de aceleración de los desalojos. Sus impulsores sostienen que la herramienta permitirá recuperar rápidamente propiedades ocupadas ilegalmente.
Sin embargo, organizaciones sociales y especialistas advierten que el alcance puede ser mucho mayor y afectar a hogares que atraviesan dificultades económicas para sostener sus alquileres.
El argumento central es que el problema habitacional se agravó en paralelo con el aumento del endeudamiento. En muchos casos, las familias recurren a tarjetas, préstamos personales y créditos de plataformas digitales para cubrir alquileres, alimentos, servicios y otros gastos esenciales.
Por eso, desde el peronismo buscan que el tratamiento parlamentario no quede limitado a la discusión sobre la propiedad privada, sino que incorpore las condiciones económicas en las que viven millones de hogares.
El debate que se abre en Diputados, de esta manera, tendrá dos dimensiones: por un lado, el alcance jurídico de los desalojos y la protección de la propiedad; por otro, el impacto que una mayor flexibilización podría tener sobre familias que ya enfrentan altos niveles de endeudamiento.
Fuente: Página 12.