Un proyecto presentado en el Senado apunta a excluir del Régimen de Economía del Conocimiento a las empresas vinculadas con el crédito y los servicios de pago.
El bloque de Unión por la Patria impulsa en el Senado un proyecto para limitar los beneficios impositivos de las entidades financieras, los proveedores de servicios de pago y las billeteras virtuales. La iniciativa, presentada por el senador Mariano Recalde, busca excluir del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento a las empresas cuya actividad principal esté vinculada con el negocio financiero o crediticio.
La propuesta se conoce luego de que Mercado Libre informara ante la Comisión de Valores de Estados Unidos —SEC— un ahorro de 42 millones de dólares durante los primeros seis meses del año por su incorporación al régimen de promoción. El beneficio permite reducir obligaciones vinculadas con el Impuesto a las Ganancias y las cargas sociales.
Desde Unión por la Patria cuestionan que compañías como la fundada por Marcos Galperin accedan a incentivos destinados originalmente a promover el desarrollo tecnológico, la innovación, el empleo calificado y la exportación de servicios de alto valor agregado.
Qué empresas quedarían excluidas del régimen
El proyecto propone que no puedan acceder a los beneficios de la Ley 27.506 las entidades financieras, los proveedores de Servicios de Pago —PSP—, las billeteras virtuales y los proveedores No Financieros de Crédito —PNFC—.
También incluye a las plataformas de crédito entre particulares, conocidas como PSCPP, y a las empresas controlantes, controladas, vinculadas o filiales tecnológicas de esas entidades.
Según los fundamentos de la iniciativa, estas compañías utilizan herramientas tecnológicas para desarrollar actividades financieras, pero no necesariamente tienen como actividad principal la producción de software, servicios informáticos, biotecnología, nanotecnología, neurotecnología, industria aeroespacial y satelital, producción audiovisual o servicios profesionales destinados a la exportación.
La Ley 27.506 fue sancionada en 2019 con el objetivo de promover “el uso intensivo de tecnología, la innovación, la creación de empleo calificado y la generación de divisas genuinas a través de la exportación de alto valor agregado”.
La crítica a los beneficios fiscales para las fintech
El proyecto sostiene que resulta “inadmisible y fiscalmente insostenible” que el Estado otorgue beneficios impositivos a corporaciones que participan del negocio crediticio y cobran intereses y comisiones sobre el consumo básico de la población.
En ese sentido, los autores remarcan que un banco, una financiera o un proveedor de servicios de pago puede desarrollar software internamente, pero que ese desarrollo no necesariamente constituye el producto que comercializa o exporta.
Por eso, denuncian que los beneficios terminan subsidiando “el costo operativo de la infraestructura de cobranza y colocación de deuda del sector financiero y las fintech”.
La iniciativa también advierte que el régimen podría profundizar la concentración del mercado, al otorgar ventajas a grandes plataformas financieras frente a pequeñas y medianas empresas tecnológicas que no participan del negocio crediticio.
Sobreendeudamiento y tasas de interés
La propuesta vincula la discusión impositiva con el deterioro de los ingresos de los hogares y la creciente necesidad de recurrir al financiamiento para afrontar gastos básicos.
Los fundamentos cuestionan especialmente las tasas de interés aplicadas por las plataformas financieras y los mecanismos de evaluación crediticia basados en algoritmos. Según el texto, el uso de sistemas de scoring sin un análisis suficiente de la solvencia puede derivar en la entrega de créditos de alto riesgo.
Ese mecanismo, advierten, puede generar “una espiral de refinanciaciones consecutivas y acumulación de intereses punitorios”.
El proyecto menciona además que alrededor de seis millones de personas se encuentran con deudas impagas y en situación de mora, un escenario que, según Unión por la Patria, exige revisar las condiciones de acceso al crédito y el rol de las empresas tecnológicas que participan del sistema financiero.
Un programa de desendeudamiento familiar
La iniciativa para excluir a las fintech del Régimen de Economía del Conocimiento fue presentada junto con otro proyecto que propone crear un “Programa de desendeudamiento familiar”.
El programa busca mitigar el sobreendeudamiento de los hogares, garantizar la subsistencia económica de las familias y establecer nuevas reglas para las condiciones crediticias del sistema financiero y de las empresas tecnológicas.
Entre sus principales objetivos se encuentran la regulación de los refinanciamientos y la imposición de límites a las tasas de interés. También contempla medidas de protección de datos personales, prohíbe la cesión de carteras de morosos y establece límites específicos para el sector fintech.
Además, el texto prevé sanciones ante eventuales incumplimientos de las normas.
El argumento central del proyecto
Desde el bloque impulsor sostienen que no es posible diseñar un programa de alivio financiero mientras el Estado continúa financiando, mediante beneficios fiscales, las herramientas tecnológicas utilizadas para captar ingresos de las familias endeudadas.
“Ninguna actividad cuyo fin último sea la extracción de tasas de interés y comisiones sobre el consumo básico de la población puede ser considerada un ‘sector de vanguardia merecedor de la promoción del Estado’”, expresa el proyecto.
Fuente: Página 12.