Un decreto puso fin al convenio con la Nación y dejó en manos del Gobierno provincial el cálculo, la liquidación y el pago de las compensaciones.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el fin del convenio de colaboración que mantenía con el Estado nacional para administrar las compensaciones tarifarias del transporte público automotor. A través del Decreto 875/2026, publicado en el Boletín Oficial, la gestión de Axel Kicillof asumió de manera plena el cálculo, la liquidación y el pago de los subsidios destinados a las líneas provinciales y municipales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La medida se enmarca en el conflicto entre la Provincia y la administración de Javier Milei por la reducción de los aportes nacionales al transporte público y consolida un esquema que, según explicaron desde el Ministerio de Transporte bonaerense, ya venía funcionando en la práctica.
La Provincia formalizó un cambio que ya estaba en marcha
El convenio original había sido firmado en diciembre de 2018, luego del Consenso Fiscal alcanzado entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde entonces, el Gobierno nacional aportaba los mecanismos técnicos para calcular y liquidar las compensaciones, mientras que la Provincia distribuía los fondos entre las empresas.
Ese acuerdo fue prorrogado en diez oportunidades y la última extensión venció el 31 de diciembre de 2025. Ahora, mediante el decreto publicado este lunes, ambas administraciones dieron por finalizada la cooperación institucional tras considerar cumplidas las obligaciones pendientes.
Desde la cartera de Transporte bonaerense señalaron que el sistema de pagos ya había sido automatizado y que la Provincia había absorbido las tareas operativas para evitar demoras en la acreditación de los subsidios.
El esquema de compensaciones no tendrá cambios inmediatos
La decisión no modifica el mecanismo de cálculo de las compensaciones ni implica alteraciones inmediatas en el pago de los subsidios o en el valor del boleto.
Los montos que recibe cada empresa continuarán definiéndose a partir de la información aportada por los GPS instalados en las unidades, la cantidad de kilómetros recorridos y el número de pasajeros transportados.
Asimismo, el boleto seguirá actualizándose mensualmente mediante la fórmula vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional más dos puntos porcentuales para contemplar el incremento de costos operativos como combustible, neumáticos, carrocerías y otros insumos.
Mayor autonomía y nuevas exigencias para las empresas
El cambio se apoya en el Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del AMBA, creado previamente por la Provincia para reemplazar la asistencia técnica nacional.
El nuevo esquema establece un sistema de rendiciones cuatrimestrales para las empresas y contempla sanciones progresivas ante incumplimientos, con retenciones del 10%, 50% y hasta el 100% de las compensaciones, según el tiempo transcurrido sin regularizar la documentación requerida.
De acuerdo con estimaciones oficiales, el monto administrado ronda los 72.000 millones de pesos y ya era financiado casi en su totalidad por la Provincia.
Nuevos convenios para garantizar servicios
En paralelo a la oficialización del decreto, el Ministerio de Transporte bonaerense firmó convenios para garantizar la continuidad de distintos corredores del interior provincial.
La empresa Plusmar continuará operando las líneas 248 C y 351, que conectan La Plata con localidades como San Vicente, Cañuelas, Lobos, Chivilcoy, Bragado, Los Toldos, General Pinto, Lincoln y General Villegas, entre otras.
También se aseguró la continuidad de la línea 228 D, operada por Vía Rosario, que une Zárate con San Nicolás atravesando Baradero, San Pedro y Ramallo.
Un contexto de tensión por el financiamiento
La decisión se produce en un escenario marcado por la reducción de las transferencias nacionales destinadas al transporte público y por el incremento de los costos operativos del sector.
Desde el Gobierno bonaerense sostienen que asumir el control total del sistema permitirá agilizar la administración de los subsidios y reducir instancias burocráticas. Sin embargo, también implica que el Tesoro provincial deberá afrontar una carga financiera cada vez mayor para sostener los servicios, especialmente en las líneas del interior, donde el aumento de los costos y la baja cantidad de pasajeros ponen en riesgo la continuidad de algunos recorridos.
Fuente: Página 12.