La Cámara de Diputados aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años con 149 votos a favor y 100 en contra. El punto más cuestionado fue el financiamiento del nuevo sistema, que ahora deberá tratar el Senado.
El Gobierno nacional consiguió su segunda victoria legislativa del año al obtener la media sanción de la reforma del régimen penal juvenil en la Cámara de Diputados. El proyecto propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y fija una pena máxima de 15 años, tras modificaciones introducidas para sumar apoyos.
La iniciativa fue aprobada con 149 votos afirmativos frente a 100 negativos y ahora continuará su tratamiento en el Senado.
Cambios al proyecto original y apoyos clave
El texto enviado por el Ejecutivo fue reformulado durante el debate parlamentario. Inicialmente proponía reducir la edad de imputabilidad a 13 años y establecer penas de hasta 20 años. Finalmente, el oficialismo acordó fijar el piso en 14 años y limitar la pena máxima a 15 años.
Acompañaron al interbloque oficialista Fuerza del Cambio legisladores del PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo, País Federal, la Coalición Cívica, La Neuquinidad e Innovación Federal, entre otros. El bloque Provincias Unidas votó de manera uniforme a favor.
En tanto, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y otros espacios rechazaron el proyecto. El massismo aportó un diputado para el quórum y votó en contra en general, aunque algunos de sus integrantes respaldaron el capítulo inicial referido a la baja de la edad de responsabilidad penal.
El eje de la polémica: el financiamiento
El punto más controvertido del debate fue el financiamiento del nuevo régimen. El dictamen incluyó una asignación presupuestaria superior a 23 mil millones de pesos, que varios legisladores consideraron insuficiente para implementar el sistema en las provincias.
Diputados como Miguel Ángel Pichetto, Diego Giuliano y Maximiliano Ferraro advirtieron que, sin recursos adecuados para infraestructura y programas de resocialización, la norma podría resultar inaplicable. Algunos optaron por abstenerse en la votación particular del artículo vinculado al financiamiento.
También se planteó la necesidad de incorporar una cláusula que permita a las provincias adherir al régimen cuando cuenten con establecimientos adecuados para menores.
Argumentos a favor y en contra
La diputada Laura Rodríguez Machado, miembro informante del oficialismo, defendió la reforma al sostener que la legislación vigente “es ineficiente” y no logra prevenir ni reparar el daño a las víctimas.
Desde la oposición, el diputado Juan Carlos Molina cuestionó que el proyecto “criminaliza a los niños” y sostuvo que la baja de la edad no resolverá el problema de la inseguridad. En la misma línea se pronunciaron las diputadas del Frente de Izquierda, quienes advirtieron que la medida apunta a la persecución penal de adolescentes.
Por su parte, Miguel Ángel Pichetto respaldó la baja a 14 años por considerarla alineada con estándares internacionales, pero criticó la falta de inversión en educación e infraestructura. También cuestionó consignas como “delito de adulto, pena de adulto”, a las que calificó como simplificaciones discursivas.
El jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, cerró el debate al afirmar que el Congreso “dejó de esconderse” y reiteró la postura de que quienes cometan delitos graves deben asumir consecuencias acordes.
Cruces en el recinto
La sesión estuvo marcada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición. Antes de la votación, el diputado Nicolás Mayoraz acusó al peronismo de sostener una ley heredada de la dictadura, lo que generó la reacción de Horacio Pietragalla, quien recordó antecedentes vinculados al oficialismo y elevó el tono del debate.
Además, se realizaron aclaraciones técnicas antes de la votación final debido a errores de redacción en el texto.
Próximo paso: el Senado
Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto de reforma del régimen penal juvenil avanzará hacia el Senado, donde se anticipa un nuevo debate centrado en el alcance de la baja de imputabilidad y en los recursos necesarios para su implementación efectiva.
Fuente: Página 12.