El Gobierno oficializó la reforma laboral mediante el Decreto 847/2024, trayendo consigo importantes modificaciones que afectarán tanto a empleadores como a trabajadores. Publicada en el Boletín Oficial, esta nueva reglamentación amplía el período de prueba, introduce un sistema alternativo a las indemnizaciones y plantea nuevas modalidades de contratación, generando inquietudes en diferentes sectores.
Extensión del período de prueba
Uno de los cambios más significativos es la extensión del período de prueba. Hasta ahora, este período podía durar entre tres y seis meses, pero el decreto permite que, bajo ciertos convenios, las empresas puedan extenderlo hasta ocho meses. Esta medida será aplicable a las empresas que cuenten con entre seis y 100 empleados. En el caso de microempresas con hasta cinco empleados, el período de prueba podrá ser de hasta un año.
La ampliación del período de prueba busca ofrecer a los empleadores mayor flexibilidad para evaluar a los trabajadores antes de decidir su continuidad. No obstante, los críticos advierten que esta medida podría traducirse en mayor precarización, ya que, durante este lapso, los trabajadores no gozarán de los mismos derechos que aquellos empleados que han pasado el período de prueba.
Nuevas modalidades de contratación: la figura del «colaborador»
Una de las novedades más discutidas es la introducción de la figura del “colaborador”. Bajo este sistema, las empresas podrán contratar hasta tres empleados sin que se genere una relación de dependencia. Esto significa que estos trabajadores deberán emitir facturas como autónomos y no estarán sujetos a las regulaciones laborales tradicionales.
Los colaboradores deberán presentar una declaración jurada ante la AFIP para demostrar que no existe una relación de dependencia con el empleador. Si bien esto pretende flexibilizar las condiciones de contratación y formalizar algunas relaciones laborales informales, desde los gremios se advierte que podría fomentar la tercerización y la precarización, ya que estos trabajadores no tendrán acceso a los beneficios y derechos de los empleados en relación de dependencia.
Modificaciones en el sistema de indemnizaciones: el nuevo Fondo de Cese
El decreto también incluye la creación del «Fondo de Cese Laboral», un sistema que reemplazaría al tradicional pago de indemnizaciones en caso de despido. Este fondo será opcional y se estructurará en tres modalidades: de cancelación individual, fondo de cese individual o seguro colectivo. A través de aportes mensuales en una cuenta bancaria, los empleadores podrán garantizar el pago en caso de desvinculación, pero se elimina la posibilidad de negociación colectiva y las acciones judiciales para el trabajador.
Para el sector empresarial, esta modificación representa una ventaja en términos de previsibilidad y reducción de costos en caso de despidos. Sin embargo, para los trabajadores, implica una disminución de las garantías que el sistema tradicional de indemnización ofrecía.
Blanqueo laboral y promoción de empleo registrado
Otro punto relevante de la reforma es el programa de «promoción de empleo registrado». A través de este esquema, los empleadores que regularicen la situación de empleados no registrados podrán evitar sanciones y multas, e incluso acceder a importantes descuentos en el pago de las contribuciones adeudadas. Las empresas que se acojan al blanqueo tendrán la opción de pagar el 50% de las deudas si abonan de contado, o acceder a planes de pago con facilidades.
Si bien esta medida busca formalizar el empleo no registrado, desde los sectores gremiales se advierte que podría generar un incentivo negativo, ya que los empleadores que incumplieron con sus obligaciones laborales en el pasado verán perdonadas sus deudas y sanciones.
Repercusiones y debate en torno a la reforma
La reglamentación de la reforma laboral ha provocado fuertes reacciones tanto en el ámbito sindical como en el sector empresario. Mientras que las cámaras empresariales celebran las medidas como una oportunidad para impulsar el empleo y flexibilizar las relaciones laborales, los sindicatos y organizaciones de trabajadores señalan que la reforma podría traducirse en una pérdida de derechos y mayor precarización.