El ahora exfuncionario Diego Spagnuolo dejó todo listo para recortar 400 mil pensiones por invalidez, gracias a una auditoría denunciada ante organismos internacionales. Ajustó en un 23 por ciento del presupuesto del organismo, donde además despidió a más de 300 trabajadores y desarticuló programas de inclusión. La motosierra pasó a la par del curro.
Mientras veia pasar frente a sus narices el supuesto pago de coimas a Karina Milei y Lule Menem de parte de droguerías proveedoras de medicamentos, Diego Spagnuolo se encargaba de pasar la motosierra por la Andis. Como da a entrever uno de los audios que publicó en exclusiva Página/12 este fin de semana, el exfuncionario tenía la orden de ajustar a fondo las pensiones por invalidez. «Dar de baja las pensiones es mi trabajo», subraya efusivo en uno de los tramos filtrados, en el que el exfuncionario se queja a la «intromisión» del ministro de Desregulación, Federico Sturzenneger, en esa tarea. Para cumplirla, Spagnuolo puso en marcha una auditoría, que fue denunciada ante organismos internacionales por su carácter discriminatorio y que, según informó el propio Gobierno, sirvió para dar de baja a unos 110 mil beneficiarios. El cálculo es que para fin de año serán más de 400 mil. Pero esa es apenas una parte del desguace: según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) al que accedió este diario, Spagnuolo salió eyectado del cargo luego de haber recortado los gastos del organismo que coordinaba en un 23 por ciento en términos reales –inflación incluida– en comparación a cuando asumió.
El dato surge de comparar el presupuesto que ejecutó la Andis en el primer semestre de este año con el mismo período de 2023, es decir antes de que Spagnuolo asumiera la gestión libertaria. En el desglose de las áreas que fueron más afectadas se ve que el grueso del ajuste recayó sobre las «Acciones de integración de personas con discapacidad», es decir, los distintos programas de inclusión que impulsa el Estado. Estos programas sufrieron una quita del 80 por ciento. En segundo lugar, fueron también muy ajustados (en un 60 por ciento) los programas de «prevención y control de discapacidades». Otros ítems como la atención administrativa del área de pensiones y de atención de salud del propio organismo, retrocedieron un 26,4 y un 2,7 por ciento respectivamente.
Cabe aclarar que mas allá de los distintos programas, la verdadera «caja» de la Andis siempre fue el Programa Incluir Salud, la obra social estatal de las personas con discapacidad. Incluir Salud concentra las prestaciones de salud, educación y rehabilitación, pero también la adquisición de medicamentos de alto costo a cuyas contrataciones –coimas para la corona mediante– Spagnuolo hace referencia en los audios.
En 2024, las partidas de Incluir Salud ya habían caído en un 12,1 por ciento en términos reales en comparación con 2023, según un cálculo del sitio Chequeado. A julio de este año se calculaba una recuperación leve aumento, del 13,4 por ciento, pero si se compara con los fondos destinados hasta el último día del gobierno del Frente de Todos, la caída acumulada en términos reales es del 1,7 por ciento.
Ese ajuste redunda en la «emergencia» que denuncian desde el inicio de la gestión de Spagnuolo los prestadores de salud y educación –que le facturan a las obras sociales, entre ellas a Incluir Salud–, que tienen sus haberes congelados desde diciembre del año pasado. Lo que se refleja en algunos sueldos por debajo de la línea de indigencia: una maestra integradora, por 4 horas de trabajo diario, cobra alrededor de 300 mil pesos por mes.
Antes que la Cámara de Diputados rechazara el veto a la ley de Emergencia, el vocero Manuel Adorni anunció que habría eventuales aumentos para los prestadores, pero en medio del escándalo de los audios, y con la intervención de la Andis, no hubo mayores novedades.
Pensiones: ajuste programado
“Federico me dijo personalmente que me venían a dar una mano. Decime si me venís a dar una mano o si me venís a controlar o a decirme cómo hacer mi trabajo. “Es todo un desmadre. Se te meten en tu organismo y, sin estar intervenidos, te intervienen”, dice Spagnuolo en uno de los audios revelados por Raúl Kollman el domingo. Probablemente Spagnuolo se estuviera refiriendo al decreto 843/24, con el que Sturzenegger endureció en septiembre del año pasado los requisitos para las nuevas altas de beneficiarios, lo que promocionó (sin mencionarlo) a través de su cuenta de Twitter.
Estaba claro que había una división de tareas: el ministro desregulador se ocuapaba del recorte de beneficiarios a futuro; mientras que a Spagnuolo le tocaba recortarlas para atrás, es decir, dar de baja la mayor cantidad de pensiones ya vigentes posibles.
En esa tarea estaba a través de las auditorías. Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij) describe los tres mecanismos a través de los cuales la auditoría de Spagnuolo llevó adelante el recorte de pensiones:
*Las personas con discapacidad que eran citadas a auditarse, en muchos casos, «no recibieron ninguna notificación, ni para ser convocadas a la auditoría ni para ser informadas de la interrupción de la pensión». «Las personas se enteraron de que estaban afectadas por esta medida al no cobrar el dinero de la prestación mensual»;
*»Casos de personas que no recibieron ninguna citación para las auditorías, pero sí una carta documento informando sobre la suspensión de la prestación», y
*»Casos de personas que concurrieron efectivamente a la auditoría y que luego recibieron una notificación informando la suspensión de la prestación con motivo del presunto incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos por el Decreto 843/2024, especialmente el de no haber informado el cambio de domicilio».
Como se trata de personas con bajos recursos económicos, se les hará cuesta arriba costearse un juicio contra el Estado por la pérdida del beneficio. Según reveló Acij, se estima que para fin de año el Gobierno completaría la faena con unas 431.022 pensiones menos, un «ahorro» de casi un billón de pesos para las arcas estatales.
340 despidos
Según un informe de Argentina Humana, Spagnuolo también se encargó de despedir a unos 340 trabajadores de la Andis, «dentro de los cuales había personas con más de 20 años de antigüedad, mujeres embarazadas, delegados/as sindicales y personas con discapacidad».
Los despedidos redundaron también en que «sin personal suficiente, hay servicios que dejan de funcionar». «En lo que va del 2025, la Agencia dejó de contar con áreas vinculadas a lo social, de la accesibilidad a la información (el sector se redujo un 75% de personal ) y la recepción de llamadas», concluye el informe.
Fuente: P12