La declaración de abandono de la vivienda donde ocurrieron los femicidios quedó firme. La cartera ya puede disponer el destino final del mobiliario en La Plata.
El Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires ya puede disponer libremente de todo el mobiliario que existe en la casona de La Plata donde, en 1992, el odontólogo Ricardo Barreda asesinó a las cuatro mujeres de su familia. Así se desprende de una resolución judicial.
Tal como ya informó este medio, la propiedad fue declarada en estado de abandono y los herederos no expresaron su voluntad de tomar posesión del inmueble. Sólo pelearán en sede judicial el valor de la expropiación, expediente que se encuentra en el fuero Contencioso Administrativo.
En una reciente resolución del Juzgado Civil y Comercial N° 17 de La Plata, donde se dictó la declaratoria de herederos y se determinó quiénes están en condiciones de hacerlo, se autorizó la «libre disposición» de los «muebles» por parte del «Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires». Con esta resolución la cartera que encabeza la ministra Estela Díaz fue autorizada a disponer de todo el mobiliario que aun resiste el paso del tiempo en la casona de 48 entre 11 y 12.
En términos jurídicos los bienes muebles pueden ser objetos decorativos como obras de arte, vehículos, aparatos electrónicos, joyas, papel moneda, libros y mobiliario.
La resolución que declaró el estado de abandono de los bienes muebles ya fue notificado a todos los herederos de las víctimas del cuádruple femicida. Además, en el juzgado a cargo de la jueza Sandra Grahl se aclaró que no recibieron «oposición alguna respecto del Juzgado Civil y Comercial de San Martín, en el cual tramita el proceso sucesorio de Ricardo Alberto Barreda».
Según sostuvo un periodista en declaraciones mediáticas, Barreda habría dejado dos testamentos, pero, hasta el momento, esa voluntad testamentaria del cuádruple asesino de mujeres no tiene incidencia en los expedientes en curso en la Justicia de la capital bonaerense.
La trama en la Justicia de La Plata
La disputa por la herencia sigue su curso en los tribunales platenses. Tras el fallecimiento del odontólogo en 2020, los expedientes que habían permanecido inactivos comenzaron a reactivarse con la primera declaratoria de herederos dictada por el Juzgado Civil y Comercial N° 17 y luego una de las coherederas impugnó la indemnización ofrecida por la expropiación de la casona, ubicada en corazón del barrio Tribunales.
La mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, presentó la contestación de la demanda con el asesoramiento del estudio RDN Abogados. En su escrito, notificó su aceptación parcial de la expropiación con fines de utilidad pública, pero impugnó con firmeza el monto ofrecido por considerarlo injusto y desactualizado. En consecuencia, solicitó una nueva valuación pericial que refleje el valor real del inmueble y reclamó el pago de intereses desde la fecha de la nueva tasación hasta la cancelación total de la indemnización justa.
Tal como explicaron los abogados Gustavo Rapalini y Andrés Rivera en una entrevista, la Provincia depositó el 28 de junio de 2021 poco más de $7.186.000 millones, monto que fue rechazado porque, según pudo averiguar este medio, se trataría de una centésima parte del valor real de mercado y por eso se pide una tasación oficial a valor real y no fiscal.
La expropiación de la casa del horror y su litigio
En 2014, la Legislatura bonaerense aprobó la ley de expropiación del inmueble. Según el marco normativo vigente, el Estado provincial debe depositar el valor fiscal de la propiedad, pero Barreda, en vida, inició una contrademanda reclamando el pago del precio de mercado en dólares, que superaba hasta diez veces la valuación oficial de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).
Desde entonces, la brecha entre el valor fiscal y el de mercado se amplió, y los herederos ahora buscan un resarcimiento acorde a la cotización actual. La causa enfrenta a la Fiscalía de Estado bonaerense, organismo encargado de defender el patrimonio provincial, y a los sucesores de las víctimas, quienes sostienen que la indemnización debe actualizarse para garantizar una compensación equitativa.
Fuente: 0221