La denuncia apunta a una transferencia de $14 mil millones a un programa de la ONU que nunca se ejecutó
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue imputada en una causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de alimentos a través de un programa de Naciones Unidas. La denuncia, presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, se centra en una transferencia millonaria que, según consta en el expediente, nunca se habría concretado en entregas reales.
La causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, subrogando el Juzgado Federal N°12, y del fiscal Franco Picardi, quien impulsó la investigación en febrero y pidió las primeras medidas de prueba dirigidas a la Jefatura de Gabinete y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Qué dice la denuncia
Según la presentación judicial, el 8 de febrero de 2024 Pettovello firmó una resolución por la cual se ordenaba transferir $14 mil millones para la compra de alimentos básicos como arroz, fideos y leche en polvo. El dinero habría sido destinado a un programa del PNUD que se encargaría de llevar adelante la licitación y adquisición de un millón de unidades por producto.
La denuncia señala que, pese a esa millonaria transferencia, los alimentos nunca se entregaron, ni se concretó el procedimiento licitatorio. Además, se denuncia que el Estado habría pagado una comisión del 3% por la supuesta intermediación, lo que agrava la sospecha de manejo irregular de fondos públicos.
Los delitos que se investigan
La causa contra la ministra de Capital Humano incluye acusaciones por malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública. El fiscal Picardi solicitó acceso a los expedientes de licitación y contratación, así como toda la documentación relativa al convenio con el PNUD.
Desde el entorno de Pettovello no hubo declaraciones públicas hasta el momento, aunque la imputación reaviva las críticas hacia la gestión del Ministerio de Capital Humano, fuertemente cuestionado en los últimos meses por la falta de ejecución de partidas sociales y las demoras en la asistencia alimentaria.
Contexto político y judicial
El caso se produce en un contexto de creciente tensión social por la distribución de alimentos en comedores y merenderos, y de fuertes cuestionamientos a las políticas sociales del gobierno de Javier Milei. Esta es la primera causa penal de alto impacto que involucra directamente a una figura central del gabinete presidencial.
Fuente: Ámbito.