En un fallo innovador, un hombre imputado por fraude en la importación de un automóvil de colección logró evitar una condena penal mediante un acuerdo de reparación integral. La medida, propuesta por la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata, permitió destinar fondos a la compra de equipamiento médico para el Hospital de Niños Sor María Ludovica.
La fiscal María Laura Roteta encabezó la propuesta, que incluyó el pago de 26.766 dólares, más intereses, a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por el daño económico causado. Además, el acusado debió aportar una suma igual para la adquisición de equipos médicos destinados al hospital platense. Esta solución alternativa fue aprobada por el fiscal general Diego Iglesias y homologada por el juez federal Alejo Ramos Padilla.
La extinción de la acción penal se fundamentó en el artículo 59 inciso 6° del Código Penal, que permite este resultado cuando se alcanza una reparación integral del daño. Según explicó la fiscal, la solución no solo resolvió el conflicto, sino que también tuvo un impacto positivo en la comunidad, fortaleciendo la relación entre la justicia y la sociedad.
Equipamiento médico para el Hospital de Niños
El dinero entregado permitió al Hospital Sor María Ludovica adquirir un fibrobroncoscopio, un dispositivo esencial para diagnosticar y tratar enfermedades complejas de las vías respiratorias. Este equipo convierte a la institución en un centro de referencia en patologías agudas del tracto respiratorio inferior, beneficiando a pacientes críticos de varias provincias.
Además, se adquirieron un paquímetro, un set oftalmoscópico y lupas, herramientas fundamentales para el diagnóstico oftalmológico pediátrico. El director del hospital, presente en la audiencia de homologación, garantizó la transparencia del proceso de compra y destacó la importancia del nuevo equipamiento para la atención médica.
Un fallo con impacto social
La fiscal Roteta subrayó que este tipo de resoluciones contribuye a fortalecer la cultura de la legalidad y a restablecer la paz social. Al tratarse de un caso aislado, sin antecedentes de criminalidad económica compleja, se consideró apropiada una solución que beneficiara directamente a la comunidad. La reparación integral no solo compensó el daño económico, sino que también redujo vulnerabilidades concretas en el sistema de salud pública.
Fuente: La trocha digital.
