El Departamento de Justicia presentará un escrito para frenar la entrega de acciones exigida por los fondos buitres.
El gobierno de Estados Unidos ratificó su apoyo a la defensa argentina en la causa YPF, en una nueva señal contra la avanzada judicial de los fondos buitres que reclaman el 51% de las acciones de la petrolera estatal. Tras el respaldo brindado durante la gestión de Joe Biden, ahora la administración de Donald Trump reiterará la misma postura a través de la presentación de un amicus curiae (amigo del tribunal), en rechazo a la sentencia de la jueza Loretta Preska, que viola, según sostienen, la soberanía de otro país.
La noticia se conoció luego de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dictara la suspensión administrativa temporal de la orden que le exige a Argentina transferir las acciones a los fondos especulativos. El escrito del Departamento de Justicia buscará profundizar esa suspensión y bloquear la ejecución definitiva de la medida.
Un respaldo que trasciende gobiernos
Tanto Biden como Trump coinciden: este fallo atenta contra los principios de soberanía y afecta los intereses diplomáticos de Estados Unidos. Así lo había sostenido la Casa Blanca en octubre del año pasado, cuando pidió a Preska que no diera lugar al reclamo de los fondos Burford y Eton Capital. Aunque en ese momento la jueza desoyó el planteo, ahora la apelación reabre la disputa.
Los fundamentos del gobierno estadounidense señalan que los títulos de YPF están radicados en la Argentina y no cotizan en Nueva York. Además, invocan la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos (FSIA), que impide embargar bienes de otro país si no se encuentran dentro de su territorio.
Una disputa que afecta la política exterior
Fuentes jurídicas coinciden en que Washington no puede avalar fallos que vulneren la soberanía de otras naciones, ya que sentarían un precedente peligroso para su propia política exterior. “Más allá de quién gobierne, a Estados Unidos no le conviene este tipo de decisiones”, advirtieron expertos.
La posición norteamericana busca asegurar que la pausa judicial se extienda mientras dure el proceso de apelación, lo que daría aire a la estrategia de defensa argentina, cuyo eje es sostener que cumplir con la orden de Preska implicaría una violación de la Constitución Nacional y de la ley 26.741, que exige la aprobación del Congreso para cualquier transferencia de las acciones expropiadas en 2012.
Lo que está en juego: soberanía, no dinero
El amicus curiae no apunta a revertir el fallo que condenó a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares por la expropiación, ya que los plazos para apelar ese fallo vencieron en septiembre de 2024. El foco está en impedir que se ejecute la entrega del 51% de YPF a los fondos buitres, una medida considerada más grave en términos de soberanía que la sentencia económica.
“El traspaso de acciones es un tema más relevante para Estados Unidos que la compensación monetaria. Afecta principios jurídicos que van más allá de lo comercial”, explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors.
El abogado Sebastián Soler reforzó esta idea: “Las chances de Argentina de prevalecer crecen tras este fallo de Cámara, y cualquier intento de los fondos de presentar nuevas demandas podría demorar años en resolverse”.
Plazos y próximos pasos
El tribunal fijó el 17 de julio como fecha límite para que los demandantes objeten la suspensión y el 22 de julio para que Argentina presente su defensa. Mientras tanto, la suspensión del fallo de Preska se mantiene firme.
Fuente: Página 12.