El presidente Javier Milei, confirmó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido sancionada por el Congreso. A pesar de una multitudinaria marcha en defensa de la educación pública, la administración justificó el veto señalando que la ley atentaría contra el equilibrio fiscal del país y que su implementación requeriría recursos extraordinarios no previstos en el presupuesto actual. El veto se oficializó a través del Decreto 879/2024 publicado en el Boletín Oficial este jueves por la madrugada.
Justificaciones del Gobierno
El Ejecutivo sostuvo que la ley de financiamiento era un intento de «populismo demagógico» por parte de la oposición, acusando a diversos dirigentes, como Cristina Kirchner, Sergio Massa y Martín Lousteau, de utilizar esta iniciativa para dañar políticamente al Gobierno. Además, el decreto remarcó que el aumento en los salarios de docentes y no docentes que planteaba la ley utilizaría una parte desproporcionada del presupuesto asignado al sector educativo.
Marcha Federal Universitaria
La marcha universitaria, que tuvo lugar frente al Congreso y se replicó en ciudades de todo el país, congregó a estudiantes, docentes, sindicalistas y autoconvocados. Los manifestantes defendieron el financiamiento de la universidad pública y reclamaron que la ley vetada habría brindado recursos cruciales para mejorar salarios y las condiciones en las universidades nacionales. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la situación financiera de las universidades es cada vez más crítica, con salarios docentes por debajo de la línea de la pobreza.
Futuro del conflicto
Aunque el Gobierno ratificó su decisión de vetar la ley, las negociaciones entre las autoridades gubernamentales y los representantes de las universidades continúan, buscando ajustar el financiamiento a través del debate del presupuesto para 2025. Se prevé que la oposición intente reinstaurar el financiamiento mediante una nueva sesión en el Congreso, aunque las posturas están divididas.
