Las organizaciones del colectivo denunciaron la existencia de un proyecto de decreto que busca correr al Estado de la tarea de fijar los costos de las prestaciones sanitarias, que quedarían en manos de las prepagas y las obras sociales, tal como sucedía en los 90. La decisión afectaría a más de 300 mil usuarios del sistema. El funcionario al frente del área no tiene pergaminos en la materia, pero accedió al cargo por haber sido abogado del Presidente. El ajuste y las marchas de resistencia.
No todo se puede desregular. Esta vez fueron las personas con discapacidad las que salieron a la calle a intentar ponerle un límite a la obsesión libertaria de correr del medio al Estado. Las organizaciones del colectivo marcharon este miércoles hasta la quinta de Olivos y se movilizaron en varios puntos del país para denunciar que el Gobierno tiene en carpeta un decreto que busca flexibilizar el valor de las prestaciones de salud, lo que afectaría drásticamente la cobertura de unos 300 mil usuarios que están dentro del sistema. Si la norma llegara a entrar en vigencia –el borrador del DNU se filtró en los últimos días– las prepagas y las obras sociales podrían fijar a piacere los montos que les transfieren a los centros de día y de rehabilitación, a las residencias y hogares y hasta a las escuelas de educación especial en concepto de sus servicios. Lo mismo correría para el sector público, tanto para el PAMI y como para el programa Incluir Salud, gestionado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), por lo que la medida también traería aparejado un ajuste duro y puro de los recursos estatales peor del que ya está en marcha en el área.
«Si el Gobierno decide avanzar con el decreto, se perdería el derecho conquistado por nuestro colectivo y por las familias a una cobertura de salud digna», describió la situación en diálogo con Página/12 Eduardo Maidana, miembrodel Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para Maidana, «lo que puede terminar sucediendo es que los prestadores discriminen entre quiénes pueden pagar y quiénes no, entre el que tiene determinada prepaga y el que tiene la cobertura del Estado, generando personas con discapacidad de primera, de segunda y de tercera, de acuerdo a qué cobertura tengan».
De acuerdo al texto del proyecto de DNU, el Gobierno busca que el Estado deje de regular el precio de las prestaciones de salud para las personas con discapacidad. Hasta ahora, esa tarea la viene realizando el Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas, que depende de ANDIS. Ese directorio fija un valor universal o «nomenclatura» para cada uno de los servicios que brinda el sistema, que pagan por igual las prepagas, las obras sociales y el sector público (tanto PAMI como el programa Incluir Salud, una suerte de obra social estatal). Ese “valor universal” iguala la calidad de los servicios y hace que personas de pocos recursos y los que mas tienen reciban las mismas prestaciones. El potencial decreto barre con toda esa normativa y deja librados los precios y valores a las fuerzas del mercado, tal como sucedía en la década del 90.
Ante la denuncia de las organizaciones, la primera actitud de los responsables del área de discapacidad del Ejecutivo fue negar la existencia del borrador. Pero el viernes pasado volvió a filtrarse una versión ya con la firma incorporada del director de la ANDIS, Diego Spagnuolo. Desde la Agencia reconocieron a este diario que el proyecto es real, aunque advirtieron que aún «no está cerrado». Y hasta agregaron que «sea cual fuera la decisión, no se va a cambiar el servicio que reciben las personas».
Desde el Foro de Discapacidad no piensan lo mismo. En la carta que le llevaron hasta la quinta de Olivos al Presidente dicen tener «una gran preocupación» respecto de que el DNU en ciernes «produzca un cierre de servicios» y que «las personas con discapacidad no encuentren donde ser atendidas». También denunciaron que las organizaciones no fueron convocadas en ningún momento para su redacción.
«No se entiende en qué nos beneficiaría una medida así, ni a las personas con discapacidad ni a los prestadores, pero tampoco a los más de 100 mil profesionales que trabajan en los distintos centros de rehabilitación, o en las escuelas especiales o en el área de transporte. Todos pierden», relató a este medio Pablo Molero, titular del Foro. Para Molero, la clave de la medida pasa por las presiones que vienen generando tanto las prepagas como las obras sociales para bajar los costos que les genera el sistema. «En más de una oportunidad se han quejado públicamente, así que no nos sorprendería», agregó.
La existencia del proyecto de decreto fue confirmada también por la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, que viene recibiendo a las organizaciones del sector desde hace dos semanas. Ante los testimonios que fueron recogiendo, varios diputados –entre ellos Daniel Arroyo y Gustavo Valdés– presentaron proyectos de ley para ratificar la vigencia de la Ley 24.901, que regula la actividad y que el Gobierno pretende modificar vía DNU. Arroyo y varios diputados de la comisión tendrá una reunión este viernes en ANDIScon Spagnuolo –quien, como reveló este medio en su momento, no tiene más pergaminos para ocupar el cargo que haber sido el abogado personal de Javier Milei— para interiorizarse sobre los alcances del borrador en cuestión.
«La ley tiene aspectos mejorables, y es cierto que las obras sociales y las prepagas vienen planteando problemas para hacerse cargo de los costos, pero desregular es dinamitar todo lo bueno, correr al Estado y que venga el mercado. Como siempre, empeoran las cosas en lugar de mejorarlas», relataban a este medio desde la comisión de Diputados que está siguiendo el tema.
Durante la sesión de la Comisión de Discapacidad de este miércoles, en el oficialismo empezaron a aparecer síntomas de una posible marcha atrás, sobre todo a partir de la movilización de las organizaciones. “Existe la buena predisposición del Poder Ejecutivo para dialogar sobre este tema”, reconoció ante los referentes del sector el diputado de La Liberta Avanza, Guillermo Montenegro.
Las organizaciones advierten que realizarán una defensa cerrada de la ley vigente. «La conseguimos los familiares del colectivo a fines de los 90s y para nosotros fue una conquista de derechos. Con muchas dificultades, en estos años hicimos un recorrido hacia la inclusión, y este Gobierno nos quiere hacer retroceder», sostuvo Maidana.
Un sector en crisis por el ajuste
Según los números que manejan las organizaciones, los aranceles que reciben las instituciones y los profesionales individuales por sus prestaciones «están atrasados en un 45 por ciento» respecto del salto inflacionario desde diciembre pasado, y «en un 100 por ciento para los los transportistas». Eso sin contar que las obras sociales recién pagan a 90 o 120 días, y que el Estado lo hace a 45, lo que complica el funcionamiento del sistema.
Buena parte de esos fondos los paga el Estado, a partir del programa Incluír Salud, que sufrió –como casi todas las áreas sociales del Gobierno– los efectos de la licuadroa y la motosierra (en ANDIS ya hubo más de 300 despidos). Las organizaciones le vienen planteando el problema Spagnuolo, sin obtener una respuesta satisfactoria.
En ese marco, las organizaciones temen que el Estado profundize el ajuste y que tanto Incluir Salud como Pami, también habilitadas por el DNU a fijar cuánto pagan a los prestadores, profundicen el ajuste. «Nosotros ya advertimos que esta medida puede profundizar la crisis del sector y llevarnos a una emergencia en materia de salud sin precedentes», aclaran.
