Exfuncionarios y prestadores apuntan a la conducción central del organismo por presuntas irregularidades en contrataciones y retenciones arbitrarias.
El funcionamiento interno del PAMI quedó en el centro de la polémica tras una serie de denuncias por parte de exautoridades y prestadores del sistema de salud, que advierten sobre compras sin licitación, sobreprecios de hasta el 700%, mecanismos discrecionales desde la sede central y retenciones indebidas a clínicas y centros médicos. Mientras tanto, los servicios para millones de jubilados se ven afectados por una creciente crisis operativa y financiera.
Compras directas y sobreprecios bajo la excusa de la “urgencia”
Aunque el eje del debate público se centró inicialmente en los polémicos “aportes voluntarios” de empleados para financiar actividades políticas vinculadas a La Libertad Avanza, las irregularidades estructurales en los procesos de contratación del PAMI generan cada vez más preocupación. Según exfuncionarios del organismo, desde la conducción central se habilitan compras millonarias sin licitación bajo la modalidad de “vía de excepción”, argumentando situaciones de riesgo de vida que, en muchos casos, no se verifican.
Un exrepresentante del PAMI en la provincia de Buenos Aires relató que al revisar expedientes médicos, encontró casos de biopsias para tumores benignos tramitados como urgencias, lo que permitió pagar valores inflados: “Pasamos de tener siete pedidos diarios a uno semanal”, afirmó. “Al tratarse de supuestas urgencias, se pagaban sobreprecios de hasta el 700%”.
Denuncias apuntan a la cúpula del organismo
La exjefa del PAMI en La Plata, Viviana Aguirre, presentó una denuncia judicial y aseguró que todas las decisiones se tomaban en la sede central: “Nosotros solo firmábamos. Había sobreprecios en todo: prótesis, marcapasos, traslados, todo se justificaba con el riesgo de vida”, declaró a C5N.
Otro caso grave ocurrió en Caleta Olivia, donde el exdirector local Sergio Torres denunció que a una médica se le exigió un “retorno” del 10% de sus ingresos. Torres aseguró que el titular del PAMI, Esteban Leguizamo, le reconoció que no podía intervenir porque “estas cosas se definen políticamente”. Tras esa conversación, Torres fue desplazado: “Las autorizaciones solo las podía firmar Leguizamo”, remarcó.
El comunicado que el propio PAMI publicó el 30 de abril, en el que se comprometía a que “las delegaciones no serán más una caja negra de la política”, no parece haber apaciguado las críticas. Por el contrario, las acusaciones ahora se concentran en la cúpula del organismo, donde también se menciona al número dos, Carlos Zamparolo.
Prestadores en crisis: “No hay plata ni para los médicos”
Mientras el escándalo crece, los prestadores aseguran que el sistema está al borde del colapso. Clínicas y centros de salud denuncian que, además de honorarios desactualizados, deben soportar débitos automáticos sin justificación clara. “Nos retienen el 10% de la facturación con conceptos absurdos como ‘prácticas excluyentes’. Eso se repite cada mes y pone en riesgo la continuidad del servicio”, denunció un empresario del conurbano bonaerense.
El mismo prestador explicó que el último aumento autorizado por el PAMI fue de apenas $270 por consulta, mientras que la tarifa actual para profesionales es de $6.800. “No hay plata para los jubilados, no hay plata para los médicos. Están usando al PAMI como una caja política”, concluyó.
La situación expone una trama compleja de manejos discrecionales, falta de transparencia y una crisis sanitaria latente que impacta de lleno en uno de los sectores más vulnerables: los adultos mayores.
Fuente: Ámbito.