La protesta pacífica de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) en los Tribunales de Buenos Aires, en reclamo por mejores salarios, terminó en una brutal represión por parte de la Policía Federal, que incluyó el uso de gases lacrimógenos y balas de goma. El incidente dejó varios heridos y decenas de personas detenidas, agravando aún más la tensa relación entre el gobierno y los sectores que exigen mejoras laborales.
El conflicto se desató cuando los manifestantes, quienes habían concluido una actividad en el cuarto piso del Palacio de Justicia, fueron reprimidos violentamente al intentar retirarse por la calle Talcahuano hacia Plaza Lavalle. «Nos empezaron a gasear y a golpear sin provocación alguna», relató uno de los empleados judiciales. Las imágenes de la represión, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, muestran a la policía deteniendo a manifestantes y utilizando balas de goma para dispersar a la multitud.
Entre los agredidos se encontraba Julio Piumato, líder de la UEJN y Secretario de Derechos Humanos de la CGT, quien condenó enérgicamente la violencia. «Esta violencia desmedida contra quienes simplemente reclaman un salario digno no tiene justificación», afirmó en un comunicado. La UEJN anunció que presentará las denuncias correspondientes y reafirmó su compromiso con la lucha por la dignidad laboral y la independencia judicial.
La represión continuó incluso cuando los heridos intentaron trasladarse a centros de salud, con la policía reprimiendo nuevamente a los manifestantes. Según informó la UEJN, varias personas sufrieron lesiones en los ojos y quemaduras debido a la exposición al gas pimienta.
Este episodio se suma a otros actos de represión bajo la gestión del Ministerio de Seguridad liderado por Patricia Bullrich, como la reciente represión a jubilados en las inmediaciones del Congreso de la Nación. La protesta de los trabajadores judiciales, que exige una recomposición salarial y la eliminación de impuestos confiscatorios, refleja el creciente malestar social en Argentina, evidenciando la frágil relación entre el gobierno y los sectores que reclaman por sus derechos.