La iniciativa fue aprobada con 42 votos a favor y 21 en contra y ahora deberá ser debatida en Diputados. El proyecto modifica los criterios de internación involuntaria y genera cuestionamientos por la ampliación de las facultades para restringir la libertad de los pacientes sin garantizar mayores recursos para la atención.
El Senado de la Nación aprobó con 42 votos afirmativos y 21 negativos la reforma de la Ley de Salud Mental, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que modifica las condiciones para las internaciones involuntarias y reorganiza aspectos del abordaje profesional de los padecimientos mentales. El proyecto fue girado a la Cámara de Diputados, por lo que todavía no es ley.
El oficialismo sostiene que los cambios permitirán intervenir a tiempo ante situaciones de crisis. Sin embargo, la propuesta abrió un debate sobre los límites de las internaciones contra la voluntad del paciente, las garantías de las personas en situación de vulnerabilidad y la capacidad del sistema público para ofrecer respuestas oportunas.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que ampliar las posibilidades de internación no resuelve, por sí solo, las dificultades de acceso a los tratamientos, la falta de dispositivos comunitarios y la necesidad de acompañamiento para los pacientes y sus familias.
Internaciones involuntarias: el eje de la controversia
La reforma modifica los criterios para disponer internaciones involuntarias, reorganiza la participación de los profesionales e incorpora disposiciones vinculadas con las adicciones, los familiares y la atención de niños y adolescentes.
La discusión se concentra especialmente en la posibilidad de ampliar las intervenciones que restringen la autonomía de las personas. Quienes cuestionan la iniciativa advierten que, cuanto mayor sea la facultad de decidir sobre la libertad de un paciente, más precisos deberán ser los criterios de aplicación y más efectivos los mecanismos de control.
La legislación vigente ya contempla las internaciones involuntarias bajo determinadas condiciones. Por eso, el debate no se limita a determinar si es posible intervenir ante una crisis, sino que también involucra los criterios para hacerlo, las garantías que deben protegerse y las respuestas que el Estado debe ofrecer antes y después de una situación de urgencia.
Durante el debate parlamentario, la senadora Ivanna Arrascaeta defendió los cambios como una herramienta para intervenir a tiempo. No obstante, las críticas a la reforma señalan que la anticipación también requiere servicios accesibles, equipos profesionales disponibles y seguimiento sostenido de los tratamientos.
Las críticas de un psicólogo al proyecto
Ariel Ghirelli, psicólogo con décadas de experiencia en el acompañamiento de personas con padecimientos graves de salud mental, cuestionó la orientación de la iniciativa y consideró que existe una contradicción entre el discurso oficial sobre el cuidado y las condiciones necesarias para garantizarlo.
“Se debilitan las condiciones de atención. Considero perversa esa contradicción: invocar el cuidado de las personas mientras se les quitan los apoyos que necesitan. El oficialismo no puede reivindicar la salud mental mientras descalifica a las personas y debilita la salud pública. La responsabilidad de gobernar exige cuidar, financiar y garantizar atención. Un título legislativo no reemplaza ninguna de esas obligaciones”.
Para el profesional, una reforma de la normativa debería partir de los problemas concretos que enfrentan los pacientes y sus familias, así como de las dificultades que aparecen al momento de implementar los dispositivos de atención.
En ese sentido, advirtió que modificar artículos de una ley no garantiza una mejora efectiva si no se establecen los recursos necesarios para sostener los cambios.
La situación de las familias y la falta de respuestas
Uno de los argumentos a favor de ampliar las posibilidades de intervención se vincula con la desesperación de las familias que buscan asistencia para personas que atraviesan crisis graves. En muchos casos, los familiares recorren guardias, esperan respuestas durante meses y terminan sosteniendo situaciones que requieren atención profesional continua.
La experiencia de Ariana refleja parte de esa problemática. Desde la muerte de sus padres, se ocupa de su hermano, Javier, quien tiene diagnósticos de esquizofrenia y trastorno bipolar y atravesó varios intentos de suicidio.
“Javier es mayor de edad pero tiene aluscinaciones; si no está correctamente tratado y medicado, puede hacer un desastre. Esta reforma solo nos deja más a la deriva. Una enfermedad mental es crónica y el tratamiento es de por vida. Creo que quienes legislan no están informados”, se lamenta.
Su testimonio expone las dificultades que enfrentan quienes asumen el cuidado cotidiano de un familiar con un padecimiento mental grave. También pone en primer plano la necesidad de contar con tratamientos sostenidos, orientación para los cuidadores y mecanismos de respuesta ante las crisis.
El desafío, en ese contexto, es distinguir entre las dificultades que presenta la implementación de la legislación vigente y las limitaciones propias de su diseño. Las fallas en la atención no implican necesariamente que las garantías deban reducirse, sino que también pueden evidenciar la falta de recursos para cumplir con las obligaciones existentes.
El riesgo de debilitar el abordaje interdisciplinario
Otro de los puntos cuestionados es la mayor centralidad de la intervención médica, especialmente psiquiátrica, que plantea el proyecto.
Las críticas advierten que reforzar una jerarquía profesional puede reducir el peso de la evaluación interdisciplinaria, necesaria para comprender cada situación en su complejidad. El abordaje de la salud mental no involucra únicamente el diagnóstico clínico, sino también las condiciones de vivienda, los vínculos familiares, el entorno social y las posibilidades concretas de sostener un tratamiento.
Desde esta perspectiva, la participación de psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales resulta fundamental para construir respuestas adecuadas a cada caso.
Ghirelli sostuvo que el debate debería enfocarse en las dificultades de aplicación de la norma y en el fortalecimiento de los dispositivos de atención.
“Necesitamos revisar su implementación, resolver las dificultades que aparecen en la práctica y fortalecer las respuestas para las personas que atraviesan un padecimiento y para sus familias. La ley puede discutirse y mejorarse. Cambiar algunos artículos no garantiza una mejor atención. Para hablar de una reforma seria tenemos que preguntar qué problemas resuelve, con qué recursos y cómo se va a implementar”.
El psicólogo también remarcó la necesidad de garantizar el acceso efectivo a la atención, la prevención, la asistencia cercana y la continuidad de los tratamientos, además de ofrecer respuestas oportunas ante las crisis.
Para ello, señaló la importancia de contar con equipos interdisciplinarios, servicios de salud mental en hospitales generales, camas para situaciones agudas, dispositivos comunitarios y acompañamiento a las familias. También destacó que los profesionales necesitan condiciones laborales adecuadas para sostener la atención a largo plazo.
La atención comunitaria, en el centro del debate
El proyecto mantiene la prohibición de las prácticas manicomiales y contempla alternativas ambulatorias y comunitarias. Sin embargo, sus detractores advierten que la ampliación de las facultades para disponer internaciones involuntarias podría desplazar el eje de la atención hacia respuestas centradas en la intervención sobre las personas, en lugar de fortalecer las redes de prevención y acompañamiento.
La atención comunitaria requiere dispositivos que permitan sostener tratamientos fuera de las instituciones, promover la autonomía de los pacientes y evitar que las familias queden solas frente a situaciones complejas.
Una obligación establecida por ley no garantiza, por sí misma, la existencia de un hospital de día, la disponibilidad de turnos o la continuidad de un acompañamiento domiciliario. Para que esas respuestas sean efectivas, se necesitan infraestructura, personal, financiamiento y coordinación entre los distintos niveles de atención.
Por eso, una de las principales discusiones que deja la media sanción es si los cambios propuestos permitirán resolver los problemas que atraviesan pacientes y familiares o si ampliarán las facultades de intervención sin fortalecer de manera suficiente la red sanitaria.
La reforma deberá debatirse en Diputados
Con la aprobación del Senado, el proyecto quedó en manos de la Cámara de Diputados, donde continuará la discusión sobre los criterios de internación, la participación de los profesionales y las herramientas necesarias para atender a las personas con padecimientos mentales.
El oficialismo presenta la iniciativa como una vía para actuar con mayor rapidez ante situaciones graves. Las críticas, en cambio, señalan que la urgencia de las familias no puede convertirse en un argumento para debilitar garantías sin asegurar mejores condiciones de atención.
Ghirelli planteó que el objetivo debe ser mejorar la normativa y resolver las dificultades que aparecen en la práctica, pero con recursos y capacidad de implementación garantizados.
“Estoy de acuerdo con mejorar la ley y discutir sus dificultades. Lo que cuestiono es presentar como una transformación una propuesta cuyo financiamiento, capacidad de implementación y fortalecimiento de la atención no estén garantizados”, argumentó.
Fuente: Página 12.