La jueza federal María Eugenia Capuchetti solicitó registros de cámaras de seguridad e informes sobre los controles migratorios y posibles alertas de Brasil. En paralelo, la Justicia federal de Misiones desestimó una de las denuncias por considerar que no hubo irregularidades en el ingreso del senador y su familia al país.
La salida de Flavio Bolsonaro de la Argentina rumbo a Estados Unidos quedó bajo análisis judicial. La jueza federal de Comodoro Py María Eugenia Capuchetti ordenó preservar imágenes de cámaras de seguridad de los controles fronterizos y del Aeropuerto Internacional de Iguazú, además de requerir informes sobre posibles alertas migratorias o pedidos de cooperación internacional de Brasil.
Las medidas fueron dispuestas a partir de un pedido de la fiscal Paloma Ochoa, en el marco de actuaciones preliminares destinadas a determinar si existen elementos para impulsar una investigación penal sobre la presunta intervención de funcionarios del Gobierno de Javier Milei en el traslado del dirigente brasileño.
En paralelo, el fiscal federal de Puerto Iguazú, Fabián Martínez, desestimó las denuncias presentadas en esa jurisdicción al concluir que no detectó irregularidades en el ingreso de Bolsonaro, su esposa Fernanda y sus hijas Luiza y Carolina. Sin embargo, remitió a los tribunales de Retiro los aspectos vinculados con una eventual responsabilidad de funcionarios nacionales.
Qué investiga la Justicia sobre la salida de Bolsonaro
Las actuaciones en Comodoro Py todavía no constituyen una causa penal formalmente impulsada. Las medidas dispuestas por Capuchetti son preliminares y la fiscal Ochoa deberá evaluar si existen elementos suficientes para avanzar con una investigación.
Las denuncias fueron presentadas, entre otros, por el dirigente del Frente de Izquierda Gabriel Solano y el diputado socialista Esteban Paulón. Ambos expedientes fueron acumulados en el juzgado de Capuchetti.
Los denunciantes apuntaron contra el presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y el asesor presidencial Santiago Caputo, entre otros funcionarios. Entre las posibles figuras penales mencionadas figuran encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, tráfico de personas y facilitación de la permanencia ilegal.
Por ahora, la Justicia busca reconstruir el recorrido de Bolsonaro y establecer qué controles se realizaron antes de su salida del territorio argentino. También intenta determinar si existían comunicaciones oficiales de Brasil relacionadas con su situación judicial.
Cámaras de seguridad y controles migratorios: los pedidos de Capuchetti
Entre las primeras medidas, la jueza solicitó a distintos organismos estatales que preserven registros audiovisuales y aporten documentación sobre los movimientos de Bolsonaro y su familia el 27 de octubre de 2026.
Los requerimientos incluyen:
- Cancillería: deberá informar si recibió o cursó comunicaciones, requerimientos o solicitudes de cooperación de autoridades extranjeras vinculadas con la situación judicial o migratoria de Bolsonaro antes de su paso por la Argentina.
- Dirección Nacional de Migraciones: tendrá que detallar los procedimientos aplicados al ingreso y la salida, la documentación exigida y las verificaciones realizadas. También deberá informar si recibió alertas migratorias, prohibiciones de salida de Brasil o requerimientos judiciales.
- Gendarmería Nacional: deberá preservar las filmaciones del paso fronterizo Tancredo Neves correspondientes al 27 de octubre, entre las 18 y las 23.30.
- ARCA: se solicitaron registros de las cámaras del Aeropuerto Internacional de Iguazú y de los escáneres, entre las 21 del 27 de octubre y la 1 del 28.
- Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA): deberá resguardar las imágenes del aeropuerto hasta la 1 de la madrugada del 28 de octubre.
- Aeropuertos Argentina: deberá aportar filmaciones que permitan observar el ingreso de Bolsonaro y su familia, el embarque de pasajeros y tripulantes y el equipaje cargado en la aeronave utilizada.
Uno de los puntos centrales es el vuelo privado Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, que habría despegado a las 23.30 del 27 de octubre con destino a Guayaquil, Ecuador. La aeronave pertenece a la empresa Baires Fly.
La preservación de las imágenes busca evitar que se pierdan registros relevantes para reconstruir los movimientos de los pasajeros, los vehículos utilizados y las eventuales intervenciones de personas vinculadas con el Gobierno nacional.
Las dudas sobre las alertas de Brasil y la situación judicial de Bolsonaro
El caso tiene como telón de fondo dos investigaciones judiciales en Brasil que involucran al dirigente.
Una de ellas está vinculada con presuntas maniobras de evasión y lavado de activos a través de plataformas de apuestas relacionadas con Willer Tomaz, amigo y abogado de Bolsonaro. En ese expediente se había dispuesto el bloqueo de activos por 1.150 millones de dólares.
Según la información aportada, el juez brasileño Alexandre de Moraes ordenó que entregara sus pasaportes brasileño y diplomático para impedir que abandonara el país, una medida que no habría acatado. Sin embargo, no existía un pedido de captura internacional.
La segunda investigación también está relacionada con presuntas maniobras de lavado de dinero. En este caso, se indaga el origen de unos 10 millones de dólares atribuidos al exbanquero Daniel Vorcaro y vinculados con la producción de la película Dark Horse, sobre el expresidente Jair Bolsonaro.
La ausencia de una orden de captura internacional es uno de los elementos centrales del análisis judicial. Los investigadores deberán establecer qué información tenían las autoridades argentinas, qué controles correspondían y si hubo alguna actuación irregular de funcionarios nacionales.
La Policía Federal de Brasil, por su parte, difundió un comunicado en el que sostuvo que no existen registros de la salida de Bolsonaro de ese país. Esa afirmación abrió interrogantes sobre el recorrido que habría realizado antes de llegar a la Argentina, aunque todavía no permite establecer por sí sola cómo se produjo el traslado.
La Justicia federal de Misiones desestimó las denuncias
En Puerto Iguazú, el fiscal federal Fabián Martínez analizó las presentaciones realizadas por la diputada Marcela Pagano, del bloque Coherencia, y por un grupo de abogados.
Tras solicitar informes migratorios y revisar los mecanismos de cooperación regional, el fiscal concluyó que no encontró anomalías en el ingreso de Bolsonaro y su familia a la Argentina. También señaló que no existía una orden de captura internacional que impidiera su entrada.
Martínez consideró que una eventual intervención política del Poder Ejecutivo debía analizarse en otra jurisdicción. Además, planteó que un posible incumplimiento de las disposiciones del DNU 366/25, que modificó los procedimientos migratorios, podría constituir una irregularidad administrativa.
Por ese motivo, remitió a los tribunales federales de Retiro los aspectos de la denuncia relacionados con un eventual uso ilegal de recursos o estructuras del Estado. La decisión del fiscal también puede ser revisada por un fiscal de revisión.
La diputada Pagano cuestionó públicamente la resolución y sostuvo que había recibido llamados en los que le describieron presuntas presiones sobre efectivos policiales que habrían participado en la custodia de Bolsonaro. También afirmó que presentó una denuncia ante la Justicia brasileña.
En una publicación en la red social X, la legisladora escribió: “Desde el Gobierno nacional están apretando a la justicia y a los funcionarios de Misiones para que no salgan a la luz las pruebas (fotos y videos) que involucran a funcionarios del Ejecutivo apoyando la fuga de Bolsonaro. Por eso, como imaginé que esto iba a pasar, les aviso algo: la denuncia también la radiqué en los tribunales federales de Brasil”.
Esas afirmaciones forman parte de las denuncias y deberán ser evaluadas por las autoridades judiciales correspondientes.
El foco en el avión privado y los controles aeroportuarios
Otro de los puntos que la investigación deberá esclarecer es si Bolsonaro y sus familiares pasaron por los escáneres de seguridad y si se realizó una inspección de la aeronave antes del despegue.
Los registros solicitados podrían aportar información sobre el equipaje transportado, las personas que participaron del embarque y la eventual presencia de vehículos oficiales en el aeropuerto. También será relevante determinar si existe un acta de inspección del avión y qué información contiene.
Por el momento, los pedidos de informes y la preservación de las filmaciones no implican que la Justicia haya confirmado la comisión de delitos. La fiscalía deberá analizar la documentación reunida para decidir si corresponde impulsar una causa penal.
Fuente: Página 12.