El fiscal Gerardo Pollicita le dio 15 días al exfuncionario para justificar gastos, bienes, dólares y operaciones con criptomonedas que no encontrarían correlato con sus ingresos declarados. Si no logra explicar las inconsistencias, podría ser citado a indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito.
La situación patrimonial de Manuel Adorni quedó bajo una fuerte lupa judicial. El fiscal federal Gerardo Pollicita le otorgó un plazo de 15 días para que explique una serie de inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas, gastos, operaciones financieras y movimientos en billeteras virtuales durante el período en el que integró el gobierno de Javier Milei.
El requerimiento fiscal advierte que, de acuerdo con los ingresos lícitos comprobados del exvocero presidencial y su esposa, los recursos disponibles no alcanzarían para cubrir los gastos realizados durante los dos años y medio analizados. La investigación podría derivar en una citación a indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito, delito que contempla penas de entre dos y seis años de prisión.
Los números que no cierran
Uno de los principales puntos señalados por la Fiscalía surge de la comparación entre los ingresos y los gastos del grupo familiar. Durante el período investigado, Adorni percibió 35 haberes correspondientes a sus distintos cargos públicos, mientras que también fueron incorporados los ingresos comprobados de su esposa, Bettina Angeletti.
En total, la Fiscalía contabilizó ingresos por 229.752.283,20 pesos, mientras que los gastos corrientes alcanzaron los 272.820.832,20 pesos. La diferencia, de 43.068.549 pesos, todavía no tendría una explicación documentada.
El informe también señala que solamente durante 2024 los gastos del exfuncionario aumentaron un 119%.
A esa diferencia se suman desembolsos realizados en dólares para la adquisición y remodelación de inmuebles, viajes al exterior y otros gastos que, según el fiscal, tampoco encuentran correspondencia con los ingresos lícitos acreditados.
Más de 400 mil dólares bajo investigación
Uno de los aspectos más sensibles del expediente son los 402.578,12 dólares utilizados para distintas operaciones inmobiliarias y refacciones.
Entre ellas aparecen la adquisición y puesta en valor de una vivienda en el country Indio Cuá y la compra del departamento ubicado en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, además de muebles y obras realizadas en ambas propiedades.
La Fiscalía pretende conocer el origen de esas divisas y cómo fueron obtenidas por el exfuncionario.
La situación se complejiza por las sucesivas modificaciones de sus declaraciones juradas. En distintas rectificaciones aparecieron montos en dólares que fueron variando sustancialmente: 565.000 dólares declarados como producto de una supuesta venta de activos para 2023, 513.000 dólares para 2024 y 388.961 dólares para 2025.
Pollicita considera que esas diferencias requieren una explicación detallada, especialmente respecto del origen de los dólares utilizados en efectivo.
Cuatro billeteras cripto que no fueron declaradas
Otro de los capítulos que analiza la Fiscalía está relacionado con las operaciones con criptomonedas.
El organismo detectó que Adorni utilizó durante su período como funcionario cuatro billeteras virtuales —Binance, Lemon, Buenbit y Satoshi Tango— cuyos movimientos no habrían sido informados ante la Oficina Anticorrupción.
Según el requerimiento, esas cuentas registraron ingresos, retiros y conversiones por un circuito equivalente a 269.550,36 dólares durante el período investigado.
La Fiscalía busca determinar de dónde provinieron esos fondos y por qué esas operaciones no fueron exteriorizadas en las declaraciones patrimoniales correspondientes.
El expediente también menciona que, al validar su identidad ante Binance, Adorni informó un capital de 250.000 dólares, mientras que ese monto no aparecía previamente declarado.
El exfuncionario había explicado públicamente que parte de su patrimonio provenía de inversiones en criptomonedas realizadas años atrás. Ahora deberá respaldar documentalmente esa explicación ante la Justicia.
Préstamos y operaciones inmobiliarias, también bajo análisis
El requerimiento fiscal incluye además distintos préstamos que Adorni declaró como parte del financiamiento de sus operaciones.
Entre ellos figuran una deuda de 16 millones de pesos con su madre, Silvia Pais, y otra de 18 millones de pesos vinculada a la sucesión de su abuela, Norma Zuccolo.
También quedaron bajo análisis las condiciones de adquisición del departamento de Caballito. La propiedad habría sido comprada por 200.000 dólares, aunque sus anteriores propietarias aceptaron recibir inicialmente 30.000 dólares y cobrar el resto sin intereses hasta fines de 2026.
A esto se suma un financiamiento de 65.000 dólares para las reformas del inmueble.
En el caso de la vivienda de Indio Cuá, la investigación menciona un préstamo privado de 100.000 dólares, otorgado por dos mujeres policías, Graciela Isabel Molinas y Victoria Cancio, con un interés del 11%.
La Justicia busca determinar el origen y las condiciones de todas esas operaciones.
Una definición que puede ser clave para la investigación
El fiscal Pollicita le exige a Adorni justificar una extensa lista de inconsistencias patrimoniales y financieras. Entre ellas aparecen ingresos de origen desconocido en una cuenta del Banco Nación, comprobantes de ARCA correspondientes a operaciones que no habrían sido identificadas y posibles bienes que aún deben ser esclarecidos.
El exfuncionario tendrá ahora 15 días para aportar documentación y explicar el origen de los fondos utilizados para sostener un nivel de gastos que, según la reconstrucción fiscal, no se corresponde con sus ingresos comprobados.
Si las explicaciones no resultan suficientes, Pollicita podría avanzar con un pedido de indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que pone bajo la lupa el crecimiento patrimonial de Adorni durante su paso por el gobierno nacional.
Fuente: Página 12.