Milei presentó una reforma para limitar el rol del Banco Central y del Estado en el sistema financiero

El proyecto modifica la Carta Orgánica del BCRA, refuerza el equilibrio fiscal y reduce la intervención estatal en los mercados.

El presidente Javier Milei presentó un paquete de proyectos de ley que propone una profunda transformación del sistema financiero argentino. La iniciativa incluye una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), cambios en el funcionamiento del mercado de capitales y nuevas restricciones fiscales, con el objetivo de reducir la intervención del Estado en la economía y fortalecer un esquema centrado en la estabilidad monetaria.

El Gobierno buscará ahora que el Congreso trate las iniciativas, que ya generan debate entre economistas y dirigentes políticos por el alcance de las modificaciones planteadas.

Un Banco Central con un único objetivo

El eje principal del proyecto es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La propuesta elimina varios de los objetivos actuales del organismo y establece como misión exclusiva preservar el valor de la moneda.

De aprobarse la iniciativa, el BCRA dejaría de tener entre sus funciones la promoción del crecimiento económico, el pleno empleo, la estabilidad financiera, la supervisión del sistema de pagos y el apoyo a políticas de equidad social.

Durante la presentación, Milei sostuvo que el Banco Central debe concentrarse únicamente en garantizar la estabilidad monetaria y reiteró su postura de que la inflación responde exclusivamente a causas monetarias. En ese sentido, afirmó que la reforma busca impedir la emisión de dinero para financiar al Estado.

Cambios en la política fiscal y financiera

El paquete también incorpora la creación de un mecanismo denominado «grillete fiscal», que impediría la aprobación o ejecución de presupuestos con déficit. Según explicó el Gobierno, si esa situación se prolonga durante varios meses podrían activarse restricciones en el funcionamiento del Estado, con excepciones para áreas consideradas esenciales.

Además, el Ejecutivo presentó proyectos destinados a flexibilizar la regulación del mercado de capitales y del sector asegurador. Entre las modificaciones propuestas, las compañías de seguros podrían lanzar nuevos productos sin necesidad de autorización previa de los organismos de control.

La iniciativa también apunta a reducir la intervención estatal sobre las actividades financieras, otorgando mayor protagonismo al mercado.

Comparaciones con la convertibilidad

La reforma despertó cuestionamientos de distintos economistas, quienes advirtieron que el esquema propuesto presenta similitudes con la Carta Orgánica vigente durante la convertibilidad de la década de 1990.

Especialistas recordaron que la legislación que el Gobierno pretende reinstalar fue sancionada en 1992, durante la presidencia de Carlos Menem, y modificada en 2012 para ampliar las facultades del Banco Central.

Entre las críticas, sostienen que limitar las herramientas de política monetaria podría reducir la capacidad de respuesta ante crisis económicas o financieras, además de restringir el financiamiento de sectores productivos.

Debate sobre la independencia del Banco Central

Otro de los puntos en discusión es el alcance de la autonomía del Banco Central. Mientras el Gobierno considera que una mayor independencia fortalecerá la estabilidad económica, algunos exfuncionarios sostienen que esa desvinculación del poder político podría aumentar la influencia de los mercados financieros sobre las decisiones del organismo.

También se cuestionó la eliminación de instrumentos que permitían impulsar líneas de crédito para pequeñas y medianas empresas y otras políticas destinadas a fomentar la actividad productiva.

Próximo paso en el Congreso

El conjunto de proyectos deberá ser debatido por el Congreso, donde el oficialismo buscará reunir los apoyos necesarios para avanzar con una de las reformas económicas más profundas impulsadas desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

La discusión promete generar un intenso debate entre quienes respaldan un modelo con menor intervención estatal y quienes advierten sobre las consecuencias que podría tener la reducción de las herramientas de política monetaria y financiera.

Fuente: Página 12.

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