Luis Caputo confirmó que el Ejecutivo licitará el 90% de las acciones de AySA. Desde la oposición cuestionan la medida y recuerdan los problemas que hubo durante la anterior privatización del servicio de agua y cloacas.
El Gobierno nacional confirmó que avanzará con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), una de las empresas públicas incluidas en el plan de reformas impulsado por la administración de Javier Milei.
El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien informó que este viernes se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de licitación para vender el 90% de las acciones de la compañía que actualmente permanecen en manos del Estado nacional.
Según precisó el funcionario, la concesión será por 30 años, con posibilidad de extenderse una década más. El Ejecutivo sostiene que la incorporación de capital privado permitirá mejorar inversiones y ampliar la cobertura del servicio.
El antecedente de la privatización en los años noventa
La decisión reavivó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos y sindicales, que recuerdan los antecedentes de la privatización de Aguas Argentinas durante la década del noventa.
En aquel período, la empresa quedó bajo control de la firma francesa Suez, que posteriormente fue acusada por el Estado argentino de incumplir obras comprometidas en el contrato y de paralizar la expansión de la red de agua potable y cloacas.
En 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Gobierno decidió rescindir el contrato y reestatizar el servicio mediante la creación de AySA.
Desde entonces, el Estado impulsó obras de infraestructura que ampliaron la cobertura de agua potable y saneamiento en distintos municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Qué empresas buscan quedarse con AySA
Entre los grupos empresarios interesados en participar del proceso aparecen Edison Energía —integrada por la familia Neuss junto a empresarios vinculados a Havanna y Newsan—, el Grupo Roggio, Mauricio Filibert y compañías extranjeras como Sabesp, Río+Saneamiento y Aguas Andinas.
En el caso de las firmas brasileñas y chilenas, existe además una conexión directa con la historia reciente del servicio, ya que actualmente forman parte de los grupos que adquirieron activos de Suez, la empresa que administró Aguas Argentinas antes de la reestatización.
El esquema diseñado por el Gobierno contempla que el 10% restante de las acciones quede en manos de los trabajadores.
El Senado busca frenar la privatización
En paralelo, el Senado aprobó una moción impulsada por Eduardo de Pedro para priorizar el tratamiento de un proyecto que declara a AySA como una empresa “de interés público y estratégico para el desarrollo humano”.
La iniciativa busca impedir el avance de la privatización y sostiene que el acceso al agua potable y al saneamiento debe mantenerse bajo control estatal.
Las críticas al plan del Gobierno
Desde distintos sectores opositores advierten que la medida responde a la necesidad urgente de obtener dólares para sostener el programa económico del Gobierno y cuestionan que se priorice el ingreso de divisas por encima del carácter esencial del servicio.
Además, remarcan que durante la gestión privada anterior se frenaron inversiones clave y que recién tras la reestatización se retomaron obras de gran escala como el saneamiento del Riachuelo, la planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas en Tigre y el sistema Agua Sur para abastecer al conurbano bonaerense.
Fuente: Página 12.