El máximo tribunal quedó en condiciones de resolver la causa por la Ley de Financiamiento Universitario mientras las universidades reclaman la liberación de fondos retenidos por el Gobierno nacional.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó en condiciones de resolver la causa vinculada al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y crece la expectativa por una posible definición en la próxima reunión de acuerdos prevista para este jueves.
El conflicto enfrenta al gobierno de Javier Milei con las universidades nacionales por la aplicación de la norma que garantiza la actualización automática de partidas presupuestarias, recomposición salarial y fondos específicos para becas, infraestructura y hospitales universitarios.
El eje del conflicto entre el Gobierno y las universidades
La disputa judicial se originó luego de que el Ejecutivo vetara parcialmente la ley en 2025 y posteriormente volviera a cuestionarla tras la insistencia del Congreso para su aprobación definitiva.
Desde el Gobierno sostienen que la normativa no especifica con claridad cuáles son las partidas presupuestarias ni las fuentes concretas de financiamiento para afrontar el incremento del gasto universitario.
Sin embargo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) impulsó una medida cautelar que obtuvo fallos favorables tanto en primera instancia como en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Frente a eso, la administración nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema y argumentó que la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley provocaría un “grave e irreparable perjuicio al Estado”.
Qué puede resolver la Corte Suprema
Mientras la Corte analiza el expediente, la ejecución de la ley permanece suspendida y el Ejecutivo no está obligado a realizar las transferencias reclamadas por las universidades nacionales.
Según trascendió, el máximo tribunal podría rechazar el recurso del Gobierno mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sin ingresar al análisis de fondo de la cuestión.
Si eso sucede, quedaría firme la sentencia de Cámara que obliga al Estado nacional a liberar los fondos correspondientes para las universidades.
En paralelo, las casas de estudio también impulsan un incidente de ejecución de sentencia para intentar acelerar las transferencias pendientes.
El Gobierno volvió a cuestionar la marcha universitaria
En medio del avance judicial, el oficialismo volvió a minimizar la movilización universitaria realizada este martes en Plaza de Mayo, donde miles de personas reclamaron por el financiamiento educativo.
Desde la Casa Rosada calificaron la protesta como una “marcha política” promovida por sectores opositores con intenciones de desgastar al Gobierno.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cuestionó la presencia de dirigentes políticos, sindicales e intendentes durante la manifestación y sostuvo que distintos sectores “quieren instrumentar esto para sus propios fines”.
Fuente: 0221.