La venta incluye una licitación para entregar el 51% a un operador privado y el remate del resto en bolsas y mercados.
AySA dejará de ser estatal: Milei avanza con su privatización total
El Gobierno nacional oficializó este martes la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa encargada de la provisión de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana. A través del Decreto 494/2025, publicado en el Boletín Oficial, se establecieron los pasos para transferir el 90% de las acciones del Estado al sector privado, modificando el marco regulatorio vigente.
Licitación internacional y remate de acciones en el mercado
Según lo establecido, la privatización se hará en dos etapas. En primer lugar, se realizará una licitación pública nacional e internacional para entregar el 51% del paquete accionario a un operador estratégico que se hará cargo de la empresa. Luego, el Estado rematará el resto de sus acciones en bolsas y mercados locales, sin implementar un nuevo Programa de Propiedad Participada.
La medida marca el fin de la administración estatal de un servicio público esencial, que había sido privatizado durante el menemismo, y luego reestatizado en 2006 debido al mal desempeño del operador privado.
Recorte de servicios y retórica antiestatal
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, sostiene que el objetivo de la privatización es “mejorar la prestación del servicio”, y que se necesitan inversiones que “exceden las posibilidades de generación de fondos” de la empresa.
Al mismo tiempo, el Gobierno modificó el marco normativo para permitir el corte del servicio a usuarios con deudas. Esto implica que un bien esencial como el agua podría dejar de estar garantizado para quienes no puedan pagar.
Entre los argumentos esgrimidos para justificar la venta se menciona que AySA “ha sido deficitaria” y dependiente de fondos del Tesoro. Sin embargo, esa inversión estatal, de 13.400 millones de dólares entre 2006 y 2023, permitió ampliar la cobertura de agua y cloacas para millones de personas, en contraste con la falta de infraestructura registrada durante la etapa privatizada de los años ‘90.
Vuelve el discurso de los ’90: “el Estado no funciona”
El decreto repite los mismos fundamentos usados en las privatizaciones del menemismo: cuestiona la intervención estatal en la gestión de servicios públicos y sostiene que solo el sector privado puede brindar soluciones eficientes. “La intervención estatal […] no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de brindar una solución eficiente”, se lee en el texto oficial.
El gobierno de Milei argumenta que la privatización permitirá “implementar técnicas regulatorias adecuadas” y así “satisfacer las necesidades de los usuarios”. No obstante, la experiencia histórica reciente y los nuevos recortes ponen en duda esa promesa.
Fuente: Página 12.