Fuentes provinciales y municipales confirman que no hay motivos para demorar la reapertura de la feria frente al Riachuelo, en Lomas de Zamora.
Luego de casi tres semanas de trabajo conjunto entre representantes de los feriantes de los tres predios que componen La Salada, la Municipalidad de Lomas de Zamora y distintas agencias del gobierno provincial, la feria está en condiciones de reabrir sus puertas este miércoles 11.
La información fue confirmada por distintos actores involucrados en el proceso, que incluyó una serie de reuniones con la fiscal que entiende en la causa, María Cecilia Incardona.
Tanto el intendente Federico Otermín como las autoridades de ARBA y los propios feriantes entienden que, cumplidos los requisitos establecidos por la fiscal, cualquier nueva demora sería arbitraria. La decisión recae ahora sobre el juez federal Luis Armella.
Armella deberá decidir entre la documentación que le aporta Incardona y las presiones por parte del Ejecutivo nacional, muy consustanciado cerrar definitivamente la feria.
Las presiones llegaron incluso al extremo de allanar el estudio jurídico del abogado defensor histórico de Castillo, César Albarracín, que confirma que «no pesa ninguna imputación penal sobre ningún comerciante de la feria. Se hicieron todos los relevamientos y medidas necesarias para evitar la comercialización ilegal, de manera que aguardamos una resolución urgente».
Este último capítulo de la siempre polémica relación entre la justicia federal y la feria popular más grande de la región, desde siempre en la mira del FMI, comenzó en la madrugada del pasado 22 de mayo. Desde entonces, la feria no opera pero la zona se encuentra saturada de efectivos de la policía federal e inspectores de ARCA y trabajadores que realizan una suerte de vigilia pacífica.
Ese día se realizaron alrededor de veinte detenciones, que involucraron a los principales referentes de Punta Mogote, entre ellos Jorge Castillo, quien no administra la feria desde 2017 y desde entonces su rol se circunscribe al de accionista, además de su mujer, Paola Luengo, y su hijo mayor, Manuel Castillo. El titular de Urkupiña, Enrique Antequera, estuvo algunos días prófugo.
Tras varios días sin poder trabajar y ante la falta de respuesta por parte de las autoridades nacionales y la justicia federal, tanto feriantes como empleados y proveedores de servicios anexos iniciaron la semana pasada un corte de ruta sobre Camino Negro.
El hecho terminó con una violenta represión por parte de las fuerzas federales, de la que algunos manifestantes intentaron defenderse. Los expertos coinciden en que el azar colaboró para evitar que se produjera una tragedia aún mayor porque «la gente está desesperada». Desde entonces, las partes, a excepción de la administración nacional, trabajan contrarreloj para subsanar irregularidades y apurar la reapertura.
El último foco de tensión se produjo en las primeras horas del lunes, cuando las fuerzas de seguridad se llevaron prendas supuestamente con logos truchos de primeras marcas, versión que los feriantes desmintieron.
El grueso de los feriantes perdió su mercadería en el allanamiento de mayo, que quedó retenida, con custodia policial, en el predio al que no pudieron volver a ingresar. La mayoría de ellos tiene desarrolladas marcas propias, otros comercializan prendas básicas, sin marca, y los menos copian a primeras marcas. También se dan, en un mismo taller, distintas combinaciones de estas modalidades.
El elemento común a todos ellos es que esas prendas constituyen su capital de trabajo. Simplemente con la feria cerrada, podrían haber buscado una estrategia de comercialización alternativa. Pero el secuestro de ropa, de marca y no de marca, los empuja a una situación de creciente desesperación.
Ahora, con todos los requisitos cumplidos, quien debe dar la orden de levantamiento de la clausura es el juez Armella. La feria, ubicada frente al Camino de la Rivera, en la localidad de Ingeniero Budge, que integra junto con Fiorito la zona de Lomas conocida como Cuartel IX, es allí el principal foco de actividad económica.
Las estimaciones que incluyen tanto a talleristas, feriantes, personal de seguridad, higiene, mantenimiento, servicios de gastronomía y estacionamiento entre otros, varían entre los 15 y 20 mil empleos. Multiplicado por familia tipo, hay 80 mil personas. El reclamo es siempre el mismo: «queremos trabajar».
Una puesta en escena
Tras las detenciones, la ministra Bullrich estacionó los vehículos incautados sobre la avenida Belgrano, frente al Departamento Central de Policía, a 45 grados, en exhibición, generando un caos de tránsito. Días atrás, Castillo fue trasladado desde la Alcaidía de la calle General Madariaga al Penal de Marcos Paz.
Las detenciones tienen mucho de la espectacularidad del «combate a las mafias» planificado por la gestión PRO de María Eugenia Vidal. Desde la defensa de Castillo sostienen que su detención se trata, en primer lugar, de una puesta en escena mediática y luego obedece a la necesidad de neutralizarlo mientras se llevaba adelante el cierre definitivo, objetivo que a la luz de las últimas novedades, no parece tan sencillo.
Fuente: P12