El Gobierno de Javier Milei confirmó la renovación por tres meses de unos 40.000 contratos de la administración pública nacional, una medida que afecta exclusivamente a trabajadores fuera de la planta permanente. Durante este período, se implementará un examen de idoneidad, diseñado para evaluar las competencias de los empleados y decidir quiénes continuarán bajo un régimen de mayor estabilidad.
Renovaciones temporales y el examen de idoneidad
La prórroga de los contratos, que se extiende hasta fines de marzo de 2025, incluye empleados amparados por el artículo 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional. Durante este lapso, los trabajadores deberán rendir un examen que evalúe compresión lectora, razonamiento lógico-matemático y administración pública.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, impulsó esta iniciativa como parte de la reestructuración estatal. Según Casa Rosada, los empleados que aprueben el examen y sean considerados esenciales para su área serán ratificados en sus puestos.
Denuncias de ATE y despidos en curso
Mientras el Gobierno reporta la renovación de 40.000 contratos, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aseguran que los afectados ascienden a más de 55.000 empleados. Este cálculo incluye monotributistas, contratados por locación de servicios y 2.400 trabajadores de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), quienes ya fueron desvinculados.
Casos emblemáticos como el del Centro Cultural Haroldo Conti, donde 87 empleados fueron notificados por WhatsApp sobre el fin de su relación laboral, reflejan el impacto de esta política. También se detectaron despidos en organismos como el Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y Parques Nacionales.
Restricciones en contrataciones y el plan de recortes
En paralelo, el Gobierno implementó nuevas disposiciones para limitar las contrataciones en el sector público. Según el reciente decreto, las entidades nacionales solo podrán realizar nuevas contrataciones bajo estrictas condiciones, como registrar tres bajas de personal por cada nuevo alta.
Además, quedan excluidas de las limitaciones áreas estratégicas como el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, universidades, guardaparques nacionales y personal de salud.
El impacto político y social
Estas medidas reflejan el enfoque de ajuste propuesto por la administración Milei, que busca reducir el gasto público mediante una drástica disminución del personal estatal. Sin embargo, los sindicatos advierten sobre el riesgo de precarización laboral y denuncian la falta de estabilidad para miles de familias que dependen de estos empleos.
