El Senado de la Nación aprobó este jueves la expulsión del senador Edgardo Kueider tras múltiples denuncias por corrupción y contrabando de divisas. Sin embargo, un posible “blooper” reglamentario en el traspaso del Poder Ejecutivo durante el viaje al exterior del presidente Javier Milei abrió una controversia que podría derivar en un reclamo judicial por parte del legislador expulsado.
Javier Milei partió hacia Roma al mediodía del jueves, según confirmó Casa Rosada. Sin embargo, la firma del traspaso de mando a la vicepresidenta Victoria Villarruel ocurrió después de la aprobación de la expulsión de Kueider. Esta irregularidad podría complicar la validez de la sesión, ya que la Constitución establece que la presidencia debe estar formalmente transferida en caso de que el mandatario deje el territorio nacional.
La postura de la Secretaría Legal y Técnica fue que el traspaso se realiza de manera automática, pero en el Senado respondieron que la Vicepresidenta debió haber sido notificada antes de asumir temporalmente el Poder Ejecutivo. “Si es automático, Villarruel debería haber estado informada antes de presidir la sesión”, afirmaron fuentes legislativas.
Kueider, las denuncias y el contexto judicial
El senador Edgardo Kueider enfrenta acusaciones por intento de contrabando de más de 200.000 dólares a Paraguay, país donde se encuentra bajo arresto domiciliario. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado pidió su desafuero, detención y la extradición de su secretaria, Iara Guinsel Costa.
A pesar de estas denuncias, un grupo de legisladores, incluidos varios de la oposición, cuestionó la legitimidad del proceso. El radical Maximiliano Abad, los senadores PRO Alfredo De Ángeli y Carmen Álvarez Rivero, entre otros, votaron en contra de la expulsión.
Perspectivas legales y las declaraciones de expertos
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez opinó que, aunque no hubo un traspaso formal de mando, esto no invalida automáticamente la sesión del Senado. «La simultaneidad de cargos no existió, por lo que no se configura la nulidad», explicó.
Sin embargo, los aliados de Kueider podrían utilizar este vacío para cuestionar la decisión en tribunales. Aunque la doctrina legal argentina suele evitar judicializar decisiones del Congreso, el contexto de irregularidades podría otorgarle margen para una impugnación.
Fuente: Ámbito Financiero.
