En una sesión clave, la Cámara de Diputados ratificó el veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido aprobada por el Congreso en septiembre. Con 159 votos a favor, 85 en contra y 5 abstenciones, la oposición no logró reunir los dos tercios necesarios para revertir la decisión presidencial.
El veto se mantuvo por el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO y algunos legisladores radicales que respaldaron la medida del Gobierno. El oficialismo justificó su decisión señalando que la ley ponía en riesgo el equilibrio fiscal, un pilar fundamental del plan económico de Milei, ya que proponía la actualización de los fondos universitarios según la inflación, que actualmente supera el 236% interanual.
Tensiones en la Cámara
A pesar de los esfuerzos de los bloques opositores como Unión por la Patria y la Coalición Cívica, que defendían la necesidad de proteger el financiamiento universitario, las divisiones internas y la abstención de algunos diputados misioneros jugaron en contra de quienes intentaban frenar el veto. La medida también desató fuertes debates sobre el futuro de la educación pública y la accesibilidad en las universidades.
El Gobierno Nacional celebró la votación como un «día histórico» para la transparencia y el orden económico, en palabras del ministro de Economía, Luis Caputo. A su vez, funcionarios del oficialismo destacaron que la universidad pública necesita una reforma integral para mejorar su calidad y accesibilidad, en lugar de recibir fondos sin control.
La convalidación del veto ocurre en un contexto de creciente tensión social, evidenciando la desconexión entre los legisladores y lo que ocurre en las calles. A pesar de la reciente y masiva movilización en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad, el reclamo parece haber pasado desapercibido. En este escenario, el futuro de las universidades públicas en Argentina se vuelve incierto, especialmente con la inminente definición del Presupuesto 2025.